Radiografía de la ley migratoria de Utah
El resumen, la ley migratoria de Utah (497) otorga poderes extraordinarios a las policías locales (estatal y municipal) para que sus agentes verifiquen el estado migratorio de los individuos arrestados.
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Ver fotosProyecto antiinmigrante fue inspirado por la polémica ley SB1070 de Arizona
La aprobación en la cámara de representantes de Utah del proyecto de ley migratorio 497, inspirado en la polémica SB1070 de Arizona, tiene preocupados a miles de inmigrantes en ese estado quienes temen ser arrestados y deportados de Estados Unidos.
La iniciativa, que entraría en vigor este martes, fue demandada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), cuyos abogados argumentan que el plan es inconstitucional.
ACLU tiene la esperanza que el juez de distrito Clark Waddoups, se pronuncie sobre la solicitud de la orden judicial y frene su entrada en funcionamiento hasta que la demanda sea analizada y se emita un dictamen.
"Sería poco aconsejable para el estado implementar la ley antes de que el juez federal tenga la oportunidad de intervenir", indicó ACLU el lunes.
Waddoups permiti'o escuchar a ambas partes y luego emitir un dictamen. Pero cientos de indocumentados prefirieron hacer maletas y buscar la seguridad en otros estados donde est'en tan expuestos a ser arrestados y deportados como en Arizona y podría ocurrir en Utah.
El fantasma de Arizona
La Unión y grupos que defienden los derechos de los inmigrantes argumentan que la ley en ciernes es muy similar a la ley de Arizona, que también se encuentra judicialmente impugnada en ese estado.
El 28 de junio de 2010 la jueza federal Susan Bolton congeló temporalmente las partes más polémicas de la cuestionada SB1070. Entre ellas, una disposición que obligaba a los inmigrantes a portar sus documentos en todo momento y que hacía ilegal que los trabajadores indocumentados solicitaran trabajo en lugares públicos.
Bolton declaró en su dictamen que esas partes deben mantenerse en suspenso hasta que los tribunales resuelvan los problemas que conllevan.
Otro bloqueo impide que policías soliciten la licencia de conducir, pasaporte u otro documento de identidad si tienen razones para sospechar que un individuo ingresó sin documentos a Estados Unidos.
El Departamento de Justicia federal comentó que el fallo de la jueza Bolton era correcto y reiteró que el tema migratorio es un asunto federal y que no compete a los estados adoptar este tipo de medidas.
“Los estados pueden desempeñar y desempeñan un papel en cooperar con el gobierno federal a la hora de hacer cumplir las leyes de inmigración, pero deben hacerlo dentro del marco de nuestra Constitución”, dijo el departamento de Justicia en una declaración.
Pero un año después de la promulgación de la ley de Arizona el estado de Utah aprobó una medida similar que volvió a encender las alarmas de organizaciones defensoras de los derechos civiles.
Radiografía de la ley 497
El resumen, la ley migratoria de Utah (497) otorga poderes extraordinarios a las policías locales (estatal y municipal) para que sus agentes verifiquen el estado migratorio de los individuos arrestados por la comisión de delitos o si tienen una duda o sospecha razonable que se trata de un inmigrante ilegal.
La autorización también se extiende a los pasajeros de un vehículo cuyo conductor sea detenido por las autoridades por cualquier infracción de tránsito. A los acompañantes también se les puede cuestionar su estado migratorio, se lee en la ley.
Advierte, sin embargo, que los agentes de la policía no pueden considerar la raza, color de piel o nacionalidad de los individuos, pero la ACLU y demás grupos opuestos a la medida indican que la nota no garantiza que se cometan abusos por parte de las autoridades.
La ley también estipula que los inmigrantes presuntamente indocumentados arrestados por las policías locales sean entregados a la agencia federal de inmigración encargada.
Elimina todo beneficio
La 497 también niega todo tipo de servicio público a los indocumentados, prohíbe el transporte de personas sin estatus legal de permanencia en el país y prohíbe a los propietarios arrendar casas o establecimientos a extranjeros que no tienen residencia legal en Estados Unidos.
También modifica la autoridad de los agentes de policía y los autoriza a arrestar personas si se tiene una causa razonable para creer que el sospechoso se trata de un extranjero sin papeles.
En otra parte de la ley de Utah se lee que los patronos están obligados a inscribirse en el programa federal E-Verify para verificar el estado migratorio de todos sus trabajadores.
En cuanto a los documentos de identidad válidos, la ley 497 señala que sólo se aceptarán la licencia de conducir extendida por el estado de Utah o cualquier otro estado y que incluya registro biométrico, la tarjeta de residencia emitida por el servicio de inmigración, una tarjeta válida de inscripción tribal o cualquier otro documento de identidad emitido por el gobierno federal.
Inhabilitan a 130 policías por nexos con narco en México
Inhabilitan a 130 policías por nexos con narco en México
Por sus presuntos nexos con el narcotráfico fueron inhabilitados 130 policías del municipio de Acámbaro, Guanajuato.
- AFP
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Limpia en corporación
MEXICO - Unos 130 policías de Acámbaro, la mitad de todos los que hay en ese municipio, fueron inhabilitados por agentes del central estado de Guanajuato, al que pertenece, para examinarlos por sus posibles nexos con el crimen organizado, dijeron fuentes municipales.
"Detuvieron a alrededor de 130 elementos policíacos, los resguardaron las fuerzas de seguridad en las bases de aquí y dejaron a la ciudad sin policías", dijo Linette Rubio, portavoz del municipio.
120 más siguen en funciones
"El argumento que promueve la Procuraduría de Justicia es que están haciendo una limpia al interior de los cuerpos policíacos, pero lamentablemente sus métodos para hacerlo son detener a todos los policías del municipio", señaló la misma fuente, si bien otros 120 siguen en funciones.
Con apoyo de dos helicópteros y por sorpresa, agentes del estado, gobernado por el conservador Partido Acción Nacional (PAN), aparecieron en Acámbaro, controlado por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), y tomaron el martes el control de la zona, ubicada en el sur de Guanajuato, y vecina a Michoacán.
"Han ido paulatinamente liberando a algunos de los funcionarios públicos, de manera que no tenemos hasta ahora el recuento de cuántos están libres y cuántos no. No lo sabemos", comentó la funcionaria.
El alcalde del municipio, Gerardo Silva Campos, ofrecerá una rueda de prensa para valorar la situación y señalar su molestia pública por lo sucedido.
Acámbaro, de los municipios más seguros
"Acámbaro se encuentra entre los diez municipios más seguros de Guanajuato (...) Realmente no hay problemas de delincuencia, hay crimen organizado porque estamos muy cerca de Michoacán, pero nos parece bastante innecesario lo que se hizo ayer aquí", agregó Rubio.
La portavoz de ese municipio, de unos 150,000 habitantes, afirmó que jamás se han opuesto a los exámenes de confianza realizados por las autoridades, pero consideraron que el modo de hacerlo fue "muy aparatoso" e "innecesario también".
Recordó que hace dos semanas el municipio recibió los resultados de exámenes de confianza hechos a sus agentes, en los que "de los 180 o 200 elementos examinados, solamente dos personas resultaron con balance negativo".
"Son un factor para tomar decisiones. La ley no te dice que al que no sale bien en esos exámenes tengas que despedirle en automático", recordó.
En estos momentos la policía de Guanajuato ha tomado el mando de la actividad de Protección Civil, de Tránsito y de Seguridad Pública municipal, sin que el municipio conozca hasta cuándo continuará esta situación.
El pasado 29 de abril fueron arrestados 23 policías en el vecino municipio de Tarandacuao por sus presuntos nexos con el cártel de La Familia Michoacana, en una operación de similares características a la lanzada ayer.
Slim alentó invertir en México a pesar del narcotráfico
Slim alentó invertir en México a pesar del narcotráfico
"Creo que el que ya está en México y no invierte se rezaga respecto a los otros" porque cree que el país "va probablemente a superar problemas en el tiempo", dijo Slim.
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The Associated Press
Inversión: clave para Latinoamérica
NUEVA YORK - El problema del narcotráfico en México no debe impedir que los empresarios sigan invirtiendo, dijo el viernes el empresario mexicano Carlos Slim, quien destacó que la inversión es la clave para el desarrollo en Latinoamérica.
"Independientemente de lo que esté pasando, el que no invierta se va a quedar atrás. Yo creo que, en los países, cuando coyunturalmente están atravesando momentos difíciles, de un tipo o de otro, el que frene sus inversiones se rezaga. No deben este tipo de situaciones obstruir el que se siga invirtiendo, y el caso de México no es una excepción, al revés", dijo el magnate.
Slim habló a periodistas antes de participar en la cuarta edición del Foro Ministerial de Desarrollo que se celebró el viernes y sábado en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
Más de 30 ministros y autoridades de 16 países latinoamericanos se reunieron durante la cumbre para analizar cómo el gobierno y el sector privado pueden reducir las desigualdades e impulsar el desarrollo sostenible en Latinoamérica.
"Creo que el que ya está en México y no invierte se rezaga respecto a los otros": Slim
Slim dijo que a pesar del problema del narcotráfico en países como el suyo, el sector privado ha de concentrarse en invertir y en fomentar el desarrollo de capital humano en campos como la salud, la educación o la nutrición.
"Creo que el que ya está en México y no invierte se rezaga respecto a los otros" porque cree que el país "va probablemente a superar problemas en el tiempo", dijo Slim.
El considerado hombre más rico del mundo no quiso comentar sobre la denominada "Marcha por la Paz", convocada por el poeta Javier Sicilia, para exigir el fin de la violencia en el país. "No hay relación con lo que estamos hablando", respondió.
Los asesinatos atribuidos al crimen organizado en México superan los 34,600 desde diciembre del 2006, época en que el presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva contra los carteles de las drogas.
Slim dijo que Latinoamérica representa ahora una nueva civilización con paradigmas diferentes, opuestos a las sociedades agrícolas, donde una nueva generación requiere niveles educativos muy altos.
"Esta nueva civilización se sustenta en el bienestar de los demás. Para que pueda haber desarrollo lo importante es los demás estén mejor, que los demás tengan buena salud, que los demás tengan buena educación, buenos ingresos, salarios. Y que conforme las personas van saliendo del autoconsumo, de la pobreza, y se van incorporando a la modernidad, y se van incorporando a la economía, el crecimiento se sustenta y se acelera," dijo Slim.
Competencia es "fundamental para el desarrollo"
La revista Forbes volvió a denominar en marzo al magnate de las telecomunicaciones como el hombre más rico del mundo, calculando su fortuna en $74,000 millones.
Slim dijo que los países han superado las barreras del subdesarrollo cuando llegan a un cierto nivel de ingreso por cápita, que puede ser de $8 mil a $10 mil por cápita. Chile, Colombia, Argentina o Brasil han llegado a ese nivel, señaló.
"Es difícil que eso se revierta y se vuelva atrás. No hay una regresión al subdesarrollo. Además se empieza a desarrollar una clase media muy amplia", indicó.
El empresario dijo que la competencia es algo "fundamental en el desarrollo" y que sus empresas han competido siempre con gigantes de las telecomunicaciones. No obstante, su compañía de telefonía móvil mexicana Telcel recibió una multa de $1,000 millones de la Comisión Federal de Competencia por hallar que realiza prácticas monopólicas. Slim dijo que apelará esa sanción.
"Lo que más orgullo nos da es que hemos logrado que en América Latina la penetración de la telefonía móvil sea ya del 95 por ciento. Es una media igual a la de Estados Unidos, mayor que la de Canadá", expresó.
Conocer el New Deal en frío
Conocer el New Deal en frío
Por Thomas E. Woods, Jr.
Las discusiones de economía, especialmente en tiempos de crisis, a menudo se presentan en forma de lecciones que supuestamente aprendimos durante la Depresión de la década de 1930. Si no queremos soportar de nuevo tiempos terribles como ésos, se nos dice, debemos apoyar cualquier forma de intervensionismo estatal se esté vendiendo. La Depresión se supone que es la Prueba nº 1 de la supuesta inestabilidad del libre mercado dejado a sus propios mecanismos, mientras que el ew Deal representa el indispensable poder correctivo del estado.
Por eso es tan esencial para quienes creen en una economía libre conocer en frío esta historia, y conocerla mejor que nadie. Entender las verdaderas causas de la Depresión, así como la realidad económica de Estados Unidos en la década de 1930 es un ingrediente esencial en la educación económica e histórica de cualquiera.
Cada parte en este debate, la del libre mercado y la intervencionista, tienen sus argumentos. En mi curso de otoño para la Academia Mises “The New Deal: History, Economics, and Law”, mi objetivo es sumergir a la gente en esta impiortante historia y ofrecer el tipo de trasfondo que pocos estadounidenses tienen, pero todos necesitamos.
Empezaremos con la economía en la década de 1920, la Reserva Federal y el crash del mercado bursátil. A partir de ahí, nos ocuparemos de la respuesta de Herbert Hoover a la Depresión. Se nos dijo que Hoover hizo que sus prejuicios de laissez faire se interpusieran ante las intervenciones que habrían detenido la crisis. Los historiadores modernos están menos dispuestos a repetir esa versión de las cosas, al menos no sin importantes advertencias, y ante todo los estudiosos del libre mercado nunca lo creyeron. Veremos sistemáticamente el desempeño de Hoover.
Después nos ocuparemos del New Deal, la serie de programas que apoyó Franklin Roosevelt con el fin de luchar contra la Depresión. El New Deal ha sido descrito por algunos autores como un aplastante éxito y por otros como un lúgubre fracaso. ¿Qué evidencias hay para estas afirmaciones? ¿Qué bando tiene razón? Veremos todos los grandes programas y agencias del New Deal, así como las estadísticas económicas relevantes de la década de 1930, para responder a estas preguntas.
También nos tomaremos un tiempo para comentar acerca de la Corte Suprema, tanto de las decisiones que inicialmente derribaron mucho del New Deal, como de las posteriores que lo apoyaron. Ustedes harán lo que casi ningún estudiante de posgrado hace nunca y leerán el texto de las propias sentencias.
El curso también cubrirá las consecuencias económicas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Acabó, en efecto, la guerra con la Depresión? Si no, ¿cuáles fueron sus efectos?
Probablemente cada lunes por la noche hablaré una hora aproximadamente (pero la haré tan entretenida como sea posible, así que no advertirán el paso del tiempo) y luego responderé a preguntas durante 30 minutos. Después, me quedaré un poco más de tiempo para hablar acerca de cualquier otra cosa, relacionada o no con el curso, que la gente quiera discutir.
Leeremos la obra de historiadores y economistas profesionales, así como los escritos de contemporáneos importantes pero olvidados. Todas las lecturas del curso están disponibles en línea gratis.
El curso no requiere ningún conocimiento previo: empezaremos desde cero. Pero al final, podrán esperar tener, no sólo un puñado de cosas de las que hablar, sino una base sustancial en el que tal vez sea el episodio más importante de la historia económica estadounidense, cuyo legado ideológico persiste hasta hoy.
Soportes ideológicos de la “Gran Sociedad”
Soportes ideológicos de la “Gran Sociedad”
Por Robert Higgs
El aumento de las intervenciones económicas federales que se produjo durante la presidencia de Lyndon B. Johnson (la muy publicitada Gran Sociedad, cuya pieza central era la Guerra contra la Pobreza) difería de los cuatro aumentos precedentes, cada uno de ellos suscitado por la guerra o la depresión económica. No había ninguna emergencia nacional cuando Johnson asumió el cargo tras el asesinato de John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963. La nación no estaba inmersa en ninguna guerra importante y la economía estaba arreglándose tras la suave recesión de 1960-61. En su mayor parte, la Gran Sociedad sencillamente representaba, la culminación de los desarrollos económicos, políticos e intelectuales que se remontaban hasta el siglo XIX.
Después del armisticio de la Guerra de Corea del 27 de julio de 1953, Estados Unidos había disfrutado de una década de tregua en el rápido crecimiento del poder público sobre asuntos económicos. Los controles de salarios, precios y producción de tiempo de guerra cayeron en desuso, aunque permanecía la autoridad para reinstaurar los controles de producción. No se aplicaron grandes extensiones del los controles económicos del gobierno. El gran gobierno no desapareció, por supuesto: muchas de las instituciones y otras intervenciones puestas en marcha en las décadas de 1930 y 1940 seguían existiendo. Pero lo hombres de negocios, de acuerdo con el economista Herbert Stein, “habían aprendido a convivir y aceptar la mayoría de las regulaciones”. El gasto público, especialmente en prestaciones de la Seguridad Social, aumentaba poco a poco. Sin embargo, en general, las administraciones Eisenhower y Kennedy fueron plácidas en comparación con sus inmediatos predecesores y sucesores.
Sin embargo, bajo Johnson la intrusión del gobierno federal en la vida económica aumento enormemente. Los acontecimientos principales incluyen la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de Oportunidad Económica de 1964, la Ley de Vales de Comida de 1964, la Ley de Educación Elemental y Secundaria de 1965 y las Enmiendas a la Seguridad Social de 1965 (creando Medicare y Medicaid), así como el establecimiento de la Oficina de Oportunidad Económica (para supervisar programas como ISTA, Job Corps, el Community Action Program y Head Start), las Agencias de Acción de la Comunidad y muchas otras entidades que promovían aparentemente la salud, educación, formación y bienestar de la gente pobre. Además se adoptaron medidas económicas regulatorias de amplio calado en relación con la seguridad en el tráfico, las minas de carbón y los productos de consumo, la discriminación por edad en el empleo, la veracidad en el préstamo y otras áreas.
¿Qué ocurre para que se produzca esta múltiple explosión? ¿Tienen sus distintos elementos un denominador común? Algunos investigadores apuntan a un desarrollo intelectual al que Stein apoda “galbraithianismo”, por su principal divulgador John Kenneth Galbraith: una vaga recopilación de análisis económicos y evaluaciones hostiles al libre mercado e inclinadas hacía mayores controles públicos. “No había”, dice Stein, “ninguna demanda de un sistema económico nuevo y diferente” en la visión galbraithiana. Más bien
la defensa ideológica del viejo sistema, el libre mercado, el sistema capitalista se pinchaba mediante la demostración de excepciones a sus reglas y afirmaciones generales y esto abría una vía para intervenciones y medidas políticas concretas de redistribución de riqueza sin ningún límite visible.
Los argumentos y actitudes del galbraithianismo ganaron fuerza por una concepción que se extendía de que la economía de EEUU continuaría creciendo siempre a un ritmo bastante alto, permitiendo así que pudieran financiarse fácilmente programas públicos nuevos y costosos apropiándose del “dividendo creciente”.
La descripción del economista Henry Aaron del clima de opinión en la década de 1960 está esencialmente de acuerdo con la de Stein. Aaron remonta a crisis previas el galbraithianismo ampliamente aceptado:
La fe en la acción del gobierno, abrazada desde hace tiempo por los reformistas y extendida a las masas de la población por la depresión y la guerra, logró una expresión política en la década de 1960. Esta fe se aplicó a problemas sociales y económicos, cuya percepción venía determinada por actitudes populares simplistas e ingenuas y por los crudos análisis de los sociólogos.
Al mismo tiempo, una llamada Nueva Clase (compuesta de científicos, abogados y jueces, planificadores urbanos, trabajadores sociales, profesores, criminólogos, médicos de la sanidad pública, periodistas, editores y comentaristas en los medios de comunicación, entre otros) veía a los nuevos programas públicos como válvulas de escape para su “idealismo” y como oportunidades para tener éxito haciendo el bien. Así que una multitud de intelectuales y pseudointelectuales de izquierdas dieron un importante liderazgo, apoyo y voz al aumento del gobierno de los años de Johnson.
Otros desarrollos político más prosaicos también desempeñaron u papel importante. Lyndon Johnson, que había empezado su carrera política como newdealer y duro negociador en Texas, no solo poseía una ambición sin límites sino asimismo agudos instintos y habilidades políticas: sabía cómo dirigir al Congreso en la dirección que quería. Además, las elecciones de 1964 dieron a los demócratas enormes mayoría en ambas cámaras del Congreso y llevaron al poder a un grupo extraordinariamente izquierdista de nuevos legisladores. De acuerdo con Aaron, “Ninguna administración desde la primera de Franklin Roosevelt había operado sujeto a menos limitaciones políticas que la del Presidente Johnson”.
Las formas concretas que adoptó la Gran Sociedad reflejaban la creciente diversidad de animales en la jungla política. Mientras cabilderos veteranos de empresas, sindicatos, agricultores y ganaderos y grupos profesionales de clase media continuaban operando, se organizaron y obtuvieron influencia política muchos nuevos grupos de intereses a favor de mujeres, indios, chicanos, estudiantes, homosexuales, discapacitados, ancianos y muchos otros, ninguno de los cuales se había visto directamente representado como tales en un grado importante en la política de EEUU. Estos grupos reclamaban que el gobierno federal resolviera diversos problemas raciales, urbanos, laborales y de consumo, reales e imaginarios.
El galbraithianismo, el marxismo y otras variedades de análisis crítico socioeconómico también ayudaron a justificar el desplazamiento de los entusiasmos pacifistas y a favor de los derechos civiles hacia una serie de causas antimercado, dando lugar a un mayor apoyo a las regulaciones medioambientales, de consumo y de riesgo cero. Ningún problema social o económico percibido parecía fuera de lugar en este nuevo entorno político lleno de cacofonías.
Aunque la Gran Sociedad estableció nuevos poderes y agencias federales críticamente importantes, no hizo que el gasto interno federal aumentara tremendamente en un primer momento. Podría haberse visto una señal portentosa, sin embargo, en la rápida aceleración de los pagos de transferencias federales, que aumentaron de 34.200 millones de dólares en 1963 a 65.500 millones en 1969. Con el tiempo, esta locomotora fue ganando cada vez más velocidad. De acuerdo con Michael D. Tanner, del Instituto Cato, entre 1963 y 2010 “el gobierno federal, gastó más de 13 billones de dólares luchando contra la pobreza”.
Hoy casi todos reconocen que los programas federales, coronados por los enormemente costosos sistemas sanitarios que engendró la Gran Sociedad, han prometido prestaciones mucho mayores de las que el gobierno puede financiar y que por tanto muchas de estas prestaciones tendrán que recortarse, a pesar de la furia política que dichos recortes producirán indudablemente. Este inminente tumulto sociopolítico representa uno de los frutos más amargos de la Gran Sociedad.
Globalizados y desglobalizados
Globalizados y desglobalizados
Fuente: elaboración propia en base a CEPAL.
Hace un par de décadas que se habla del término “globalización”. ¿Qué significa? Creo que la mejor manera de definir este término es el siguiente: es un proceso por el cual las barreras artificiales y naturales en el flujo de factores de producción y bienes y servicios finales van disminuyendo. Como ya mencionaba Adam Smith hace más de 230 años la mayor división del trabajo permite mayores intercambios y así un mejor nivel de vida. Pero para que tenga sentido la especialización debe liberarse el intercambio, reduciendose las barreras al mismo. Es decir, no hay división del trabajo sin menores barreras al intercambio y viceversa. Es un círculo virtuoso.
En realidad esto que hoy llamamos globalización es un proceso que comenzó hace miles de años, con altibajos, en el planeta Tierra: primero fue entre los mismos individuos que pertenecían a la misma tribu y así se fue ampliando hasta terminar en lo que hoy tenemos. Millones de individuos en todo el planeta que realizan intercambios de bienes, servicios y capitales las 24 horas del día. Claro que algunos individuos no se han incorporado o lo han hecho muy limitadamente a este proceso. Y la razón por la cual no lo han hecho básicamente es por las barreras artificiales que imponen sus propios gobiernos: aranceles a las importaciones, derechos de exportación, cupos, cuotas, prohibiciones, etc.
En el cuadro de arriba podemos observar la participación porcentual de las regiones y/o países del mundo en la producción mundial en los últimos dos siglos aproximadamente. Pertenece a un trabajo de la CEPAL con datos fundamentalmente tomados de Angus Maddison, que es un investigador que se ocupa de estimar la producción y los ingresos per cápita a lo largo de los siglos. ¿Qué nos muestran estos datos? Los resultados de la famosa globalización: aquellos Estados que han permitido incorporar a sus habitantes al proceso mencionado han logrado que sus economías logren mayor participación en el total de producción mundial. Todas las regiones han crecido en términos de producción, pero hay regiones estancadas en lo relativo a la participación como áfrica o América Latina, regiones que prácticamente han duplicado su participación en la producción mundial como Asia y otras que han perdido participación como los países de Europa occidental y sus “retoños” (EEUU, Canadá, Nueva Zelanda y Australia). Tengamos en cuenta que en el siglo XIX fueron las regiones de Europa occidental y algunas de sus ex colonias (las británicas fundamentalmente) las que primero se incorporaron al proceso “globalizador”. áfrica y América Latina, de haberse incorporado con mayor intensidad a dicho proceso deberían haber incrementado su participación en la producción, como sí lo han hecho Asia y Japón en las últimas décadas.
El hijo bastardo de la prosperidad
El hijo bastardo de la prosperidad
por guido
El ex presidente uruguayo Sanguinetti dijo en una entrevista por radio que escuché hace un tiempo: el populismo es el hijo bastardo de la prosperidad. ¿Qué quería decir? Que esta “sistema de gestión” que es el populismo se nutre de una situación económica positiva. Vamos por partes, para entender un poco más el asunto. Cuando usualmente se habla de populismo suele referirse a él en estos términos para definirlo: “pan para hoy y hambre para mañana”. Esto significa que los gobiernos que siguen la senda del populismo son aquellos que no generan las condiciones adecuadas para que las personas le encuentren sentido a ahorrar e invertir en el país y de esa manera incrementar la productividad, los salarios reales, etc. Lo que hacen, por el contrario, es ejecutar políticas de redistribución de ingresos y patrimonios vía el poder coactivo del Estado para satisfacer a sectores amigos: sindicatos, empresarios, grupos “desprotegidos”, etc, etc. Algunos ejemplos de estas políticas: controles de precios como pueden ser precios máximos para alimentos, alquileres de vivienda, combustibles; subsidios múltiples a grupos identificados por el gobierno como “necesitados”; créditos “blandos” a empresarios nacionales a través de bancos estatales; nuevas contribuciones obligatorias de los empresarios a los sindicatos para financiar las arcas de estas organizaciones.
Recordemos que en el 99% de los casos, el gasto público es un mecanismo de redistribución por excelencia, recursos extraídos a la los sectores productivos que van a parar a otros sectores . Hay aportantes netos y beneficiarios netos. Si a esta situación inherente al proceso político le sumamos el condimento del populismo entonces nos encontramos con un Santa Claus potenciado, “reloaded” dirían los angloparlantes. ¿Por qué, entonces, decimos que las políticas populistas son de corto plazo? Porque en aquellas los políticos se dedican a repartir recursos, ajenos, generando de esa manera un consumo del capital productivo de la sociedad, aumentando el consumo presente pero condenando a las personas a tener que pagar la “fiesta” en el futuro mediante una menor productividad (fruto de aquel consumo de capital en el presente) y menores salarios. Pongamos el ejemplo del control de alquileres: en este caso se beneficia al inquilino fijándole un precio máximo al pago al dueño del inmueble; como consecuencia de la inflación, la renta en términos reales va disminuyendo año tras año, perjudicando así al dueño del activo. De esta manera se produce una transferencia coactiva de recursos desde el propietario al que alquila el inmueble, generando menores incentivos a construir nuevas viviendas para alquilar o inversiones para mantener en buen estado los inmuebles existentes. Ergo, la menor oferta de viviendas en alquiler va provocando un faltante de este producto en el mediano y largo plazo. El futuro inquilino termina pagando la “fiesta” también por las menores alternativas que tendrá para alquilar. El populismo es una política de “patas cortas”. Es una “fiesta” de consumo que alguien tendrá que pagar en el futuro, porque nada o poquísimas cosas son gratis en el mundo. Por eso las sociedades que han tenido estas experiencias populistas corren con un costo de oportunidad enorme en términos de crecimiento económico.
Algunos casos últimos que podemos mencionar son aquellas naciones latinoamericanas que, gracias al contexto internacional ultra favorable de los últimos 6 o 7 años, han tenido y tienen gobiernos populistas. Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina son casos muy notorios. Los altísimos precios de sus productos más importantes de exportación les ha permitido a estos gobiernos aumentar sus recursos tributarios a niveles récord. La bolsa de Santa Claus se llena, gracias a esta situación internacional, y el reparto estatal redistributivo se incrementa exponencialmente.
Pongamos el caso argentino. Entre 1993 y 1999 la recaudación del gobierno nacional alcanzó unos 45 mil millones de dólares promedio anuales. Entre 2004 y 2010 el ingreso tributario del gobierno central llegó a un promedio anual de 65 mil millones de dólares. Es decir, 20 mil millones de dólares más por año para ser repartidos por los políticos. El gasto público en Argentina hoy es 4 veces mayor en dólares que en el año 2002 (160 mil millones versus 40 mil millones). No hay que dejar de mencionar que en la década del noventa la emisión monetaria como fuente de financiamiento del gasto público estaba prohibida, prácticamente, por ley. Hoy en día dicha restricción ya no existe y es por eso que desde el 2002 hasta hoy, la base monetaria se ha multiplicado casi por 10 (desde 15 mil millones de pesos a los 140 mil millones). En consecuencia, hoy en día, la Argentina se ubica dentro de los primeros lugares del planeta en materia inflacionaria (en primer lugar se ubica Venezuela, luego Argentina). Mientras que los años noventa la inflación prácticamente fue eliminada (entre 1993 y 2001 los precios acumulados crecieron 10%, es decir a una tasa del 1% anual aproximadamente) en los últimos cuatro años ha regresado y fuertemente (en los últimos 4 años se duplicaron los precios al consumidor).
Para cerrar. Dijimos que las políticas populistas consumen el capital, condenando a las sociedades a menores tasas de capitalización, productividad y salarios en el futuro. Un ejemplo que grafica esto es la inversión extranjera directa que ingresa a los países. Según la CEPAL entre el año 2009 y el promedio de los años 2000/2005 el ingreso de capitales directos creció un 35% en Brasil, 160% en Chile, 200% en Perú y Uruguay. Para el mismo período en Argentina subió solamente un 14%; en Venezuela bajó de un ingreso neto de 2,500 millones de dólares anuales a una salida de capitales de 3,100 millones por año; en Ecuador se redujo el ingreso de 840 millones a los 310 millones; y en Bolivia prácticamente se encuentra estancado (de 350 millones anuales a los 420 millones). El populismo económico sólo se ha sostenido en estos países gracias a la exuberancia que han registrado los precios de exportación de sus principales productos: petróleo, gas, cereales. Y esto gracias, en parte, a la política monetaria expansiva del banco central de los EEUU (Federal Reserve) que ha permitido que estos precios en el mundo suban más que otros.
Bin Laden-nomics
Bin Laden-nomics
por guido
Hace una semana el presidente de los EEUU anunciaba la muerte, a manos de fuerzas especiales del país, del terrorista Bin Laden. Como se suele decir, “ríos de tinta” han corrido en los medios de prensa comentando y analizando el hecho. Ahora yo quiero reflexionar sobre las consecuencias económicas de este suceso. Según las últimas encuestas el presidente Obama ha ganado unos puntos porcentuales de aprobación entre los norteamericanos, como consecuencia de la operación militar contra Osama Bin Laden. Faltan todavía unos 18 meses hasta las próximas elecciones presidenciales y, de mantenerse este escenario, la reelección presidencial estaría asegurada. Bajo este escenario, que puede ir consolidándose, una de las preguntas que quizás habría que hacerse es: ¿qué efectos tiene sobre la economía norteamericana y mundial el impulso que la muerte de Bin Laden le ha dado al actual presidente Obama? Hasta ahora el presidente Obama, como consecuencia de haber sufrido una paliza en las elecciones de medio término, había tomado nota de algunas dificultades que tenía la economía de su país: incremento excesivo del gasto público, “explosión” de la deuda pública y expansión monetaria que comienza a tener efectos significativos sobre los precios locales y mundiales.
Entonces, si el presidente Obama cree que ya tiene asegurada la reelección, ¿se profundizarían las medidas en el sentido de realizar algún ajuste fiscal importante? ¿O el presidente Obama cree que se puede mantener la actual dirección de descontrol fiscal y monetario sin afectar sus posibilidades reeleccionarias? No sabemos qué piensa Obama. Pero sí sabemos qué puede suceder si el gasto público, la deuda y la expansión monetaria no son corregidos. En parte la cuestión depende, en el corto plazo, de la percepción que tenga la ciudadanía hacia estos problemas. La muerte de Osama Bin Laden aún tiene efectos sobre el espíritu nacional norteamericano. Pero se irá adormeciendo y apagando con el correr de los meses. A contramano, el descontrol fiscal y monetario irá ganando cada vez más importancia en la vida diaria de los habitantes de EEUU. Pero como en política la acción de los principales actores está más orientada a una preferencia temporal de corto plazo quizás el impacto de la muerte del terrorista le sirva a Obama para ganar la reelección. Pero esto no eliminará los problemas que, más tarde o más temprano, tendrá que enfrentar el gobierno de los EEUU. Entendiendo el gobierno como la sumatoria de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial).
Perversa libertad
Carlos Rodríguez Braun
El profesor Vicenç Navarro afirmó en Publico que como los países nórdicos tienen impuestos muy elevados pero también son muy productivos "esto cuestiona el dogma neoliberal según el cual la eficiencia económica requiere inequidad". No sé cuáles son los dogmas neoliberales, salvo que se definan cómodamente por todo lo que rechazan los autodenominados progresistas, pero lo que está claro es que la eficiencia económica no requiere inequidad.
Cuando una comunidad es más eficiente y progresa, es imposible que todos sus integrantes lo hagan en la misma proporción. Por lo tanto, el progreso dará ocasión a una mayor desigualdad, pero no al revés.
Digamos, en las dictaduras comunistas hay desigualdad porque los jerarcas del Partido Comunista viven muy bien y la masa trabajadora está sumida en la miseria y la opresión. Esa desigualdad no ha conducido a la eficiencia y la prosperidad porque ha sido impuesta en primer lugar desde el poder. Por tanto, el doctor Navarro (con perdón de Azpilcueta) razona incorrectamente y pone el carro delante de los bueyes: la eficiencia económica no requiere inequidad sino que ésta se deriva de aquélla en un proceso de crecimiento económico que puede beneficiar a amplias mayorías de la población. Si lo que quiere decir el catedrático es que es lamentable que los ciudadanos mejoren si hay algunos que lo hacen más que otros, entonces podría decirlo claramente y exponerse a la rechifla que suscitaría un pensamiento tan reaccionario.
Hablando de razonamientos incorrectos, un punto interesante e implícito en el argumento del profesor es que los países nórdicos son muy productivos porque tienen impuestos altos. Esperaré a que lo haga explícito para criticarlo, porque no hay que dar nada por supuesto.
Pasado y presente del desempleo en España
Pasado y presente del desempleo en España
Alberto Recarte
Este ensayo de Alberto Recarte, que se publicará en tres entregas, analiza la evolución de la economía española desde el punto de vista del empleo desde 1974, momento en el que comenzamos a sufrir los efectos de la primera subida de los precios del petróleo y vísperas del comienzo del proceso de democratización, hasta 2011.
- Introducción
- Las cifras de población, población activa, ocupados y desocupados, desde 1974 a 1998, año de la integración en el euro.
- La entrada en la Unión Europea
- El fracaso del Sistema Monetario Europeo y la política de Solchaga y Rojo
- Las reformas del periodo 1994-1998
- El empleo desde 1998 hasta 2007 en la España del euro.
- El empleo en el periodo 2008-1er trimestre de 2011
- La integración en el euro: los errores y los acontecimientos inesperados
- Los efectos del estallido de la burbuja en el empleo
- Las responsabilidades políticas
- El futuro de la economía española
Por si hubiera alguna duda sobre cuál es el principal problema de la economía española, la Encuesta de Población Activa correspondiente al primer trimestre de 2011 la ha despejado.
El número de ocupados en España es de 18,1 millones y el de parados de 4,9 millones, un 21,3% de la población activa. La peor noticia es que confirma las dificultades de la economía española para crear empleo, un rasgo que nos caracteriza desde 1974. Desde ese año, en el que trabajaban 13,4 millones de personas, hasta hoy, el número de ocupados ha aumentado en 4,7 millones. De estos, el de los que están ocupados directamente en las distintas Administraciones Públicas, en la sanidad, en la educación y en los servicios sociales suponen, en total, 2,7 millones. Así pues, en 37 años, desde 1974 a 2011, la economía española sólo ha creado 2 millones de puestos de trabajo privados; un promedio de 58.000 empleos al año. Mientras, la población ha pasado de 34 a 47 millones de personas.
El crecimiento de la economía española a partir de 1998, año en el que nos integramos en el euro, creó hasta 2,4 millones de empleos más y atrajo a 6 millones de inmigrantes, casi 5 millones de ellos trabajadores. Un empleo centrado en el sector de la construcción y en los servicios e industrias dependientes del mismo. El estallido de la burbuja crediticia e inmobiliaria nos devuelve a donde estábamos anteriormente, aunque con casi 5 millones de parados en lugar de los 3 millones de 1998 y con una población de 47 millones en lugar de 40 millones; y ello al margen del endeudamiento nacional, las dificultades del sistema financiero y el sobredimensionamiento de las Administraciones Públicas.
En las páginas que siguen se intenta analizar la evolución de la economía española desde el punto de vista del empleo, entre 1974, momento en el que comenzamos a sufrir los efectos de la primera subida de los precios del petróleo y vísperas del comienzo del proceso de democratización, y 2011. Se termina analizando cuál podría ser la evolución del paro y el empleo en función de qué ocurra con el euro, de si se hacen –y cómo– las reformas y de la evolución demográfica. Un panorama complicado, porque España parece que vuelve por donde solía: a crecer muy poco, sin crear empleo y sin la posibilidad de que el sector público siga aumentando de tamaño.
2. Las cifras de población, población activa, ocupados y desocupados desde 1974 a 1998 (año de la integración en el euro)
Desde 1974 hasta 1998 el empleo creció en España en sólo 1,8 millones de personas, al aumentar desde los 13,4 millones a los 15 millones de ocupados. De ese crecimiento, 1,3 millones se produjo en el sector público y sólo 0,3 millones en el sector privado. Por tanto, en tasa anual, en ese periodo de 24 años, el aumento del empleo fue de 45.000 personas. El desempleo, por su parte, pasó de menos de 500.000 personas –un auténtico paro friccional– a 3 millones, alrededor del 18% de la población activa. En ese mismo periodo de 24 años, la población española pasó de 34 a 40 millones de personas.
Fueron, en su conjunto, años muy difíciles, en los que en el mercado de trabajo se acumularon los problemas. En esos años –años de estancamiento económico, excepto por el periodo 86-90 y el de 1994 a 1998–, el aumento de la demanda de empleo se produjo por la confluencia de una serie de factores:
- Reducción de la mano de obra en la agricultura, desde el 15% de la población activa hasta el 8% de 1998; desde alrededor de 3 millones de personas hasta los 1,1 millones en 1998.
- La reconversión industrial, que se tradujo en la práctica en la desaparición de algunos sectores, como el de la siderurgia, el naval y el de la minería.
- La llegada al mercado de trabajo de generaciones de españoles cada vez más numerosas. En 1974 se registró el máximo de nacimientos, 682.000, frente a alrededor de 300.000 fallecimientos. A partir de ese año los nacimientos fueron descendiendo hasta estabilizarse entre 380.000 y 400.000 personas –una cifra que se ha mantenido bastante estable en los últimos 25 años–, mientras los fallecimientos han crecido hasta los 400.000, de tal forma que la población natural comenzó a crecer cada vez menos hasta casi no hacerlo a partir de 1990.
En los 24 años transcurridos entre 1974 y 1998, sólo en dos fases la economía española ha crecido creando empleo. La primera, entre 1986 y 1990, una recuperación apoyada en devaluaciones previas, en las reformas de la Ley Boyer, y, sobre todo, en la reducción del precio del petróleo: se recuperó actividad, pero sobre todo la del sector de la construcción. El empleo creció en 1 millón de personas, pero la expansión no duró por los excesos salariales, impulsados por unos sindicatos que querían reivindicar más de 15 años de pérdidas previas de empleo, y por el gasto público excesivo, que se tradujo en grandes déficits que no eran sostenibles. En los años siguientes, hasta 1994, se pierde todo el empleo creado en los años anteriores. En 1994, sólo trabajaban 12 millones de personas –1,4 millones menos que en 1974–, mientras la población había crecido en 6 millones de personas. La población activa era de 17 millones de personas.
La tasa de paro llegó ese año al 24,5% y los parados alcanzaron la cifra de 4.165.000.
Veinte años después de que comenzara la primera crisis del petróleo, que junto a las dificultades políticas de la transición desencuadernaron la estructura económica española, era evidente que nuestros sucesivos gobiernos no eran capaces de idear y aplicar una política económica que permitiera absorber la mano de obra que abandonaba la agricultura, la que se quedó sin trabajo al desaparecer los sectores industriales que habían impulsado el crecimiento español en los años finales del franquismo y la que aportaban las generaciones más numerosas de la historia demográfica española que, terminados sus estudios elementales, medios, profesionales o universitarios, llegaban al mercado de trabajo.
¿Qué hacer? ¿Qué política económica podía aplicarse para intentar absorber esa masa de parados? En el pasado, durante el franquismo, se había intentado proteger a las empresas de la competencia exterior e impulsar con dinero público, incentivos y regulaciones, la inversión en las industrias que parecían tener más futuro. Durante un tiempo esa política pareció funcionar, aunque la imposibilidad de ofrecer trabajos alternativos a los millones de personas que abandonaban el sector agrario se había resuelto sobre todo con emigración.
3. La entrada en la Unión Europea
A partir de 1986, cuando España se integra en la Unión Europea, se limita la capacidad de intervención pública para incentivar la instalación de empresas. La libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas se completó con la prohibición de conceder ayudas públicas a las empresas, porque falsearían la libre competencia. Muchos de los países miembros de la Unión Europea no temían a esa competencia.
Alemania tenía empresas grandes, tecnología avanzada, marcas, marketing, redes comerciales internacionales, una población muy bien formada y acuerdos de estado entre los sucesivos gobiernos, los empresarios y los sindicatos, que se traducían en la defensa de la competitividad de las empresas alemanas.
Francia tenía un esquema parecido, pero con menos empresas tecnológicamente avanzadas. Sus carencias las resolvía con una política intervencionista y proteccionista, disimulada en reglamentos y en la operativa del antiguo Mercado Común y su mercado nacional era lo suficientemente grande como para mantener una estructura productiva mucho menos competitiva que la de Alemania.
Italia estaba ya dividida entre un norte industrial y un sur subvencionado, agrario, incapaz de escapar a la coacción de la mafia y a la corrupción de su clase política. Pero el norte tenía tecnología, capacidad de innovación y, nuevamente, una tradición de ignorar las regulaciones de todo tipo, europeas o nacionales, que les permitían la supervivencia. Y un mercado interior suficientemente grande como para que las economías de escala de las mejores empresas pudieran compensar sus limitaciones de competitividad exterior.
El Reino Unido, además de incorporarse tardíamente a la Unión Europea, tenía sus propias tradiciones, sus lazos con Estados Unidos, su status de centro financiero internacional y su lengua era, y es, la auténtica lengua común de nuestro tiempo. Por no hablar de su fortaleza jurídica y el respeto a la legalidad.
La situación española era mucho más complicada: una población muy inferior, con una densidad reducida, con problemas de comunicación; una industria nacional que vivía de la tecnología exterior, de un mercado protegido, una financiación privilegiada y ayudas fiscales; una industria de ese tipo y una agricultura atrasada determinaban unos precios altos en relación con los del extranjero y una pérdida de competitividad que había que corregir con devaluaciones, cuando el déficit del sector exterior se hacía imposible de financiar.
Los gobiernos españoles, a partir de 1959 y hasta que se completó nuestra integración en la Unión Europea en 1990-1992, conscientes de esa situación, buscaron permanentemente inversiones extranjeras para crear tejido industrial y mejorar el existente. Sin inversión extranjera la transformación de la economía española habría sido mucho más lenta y difícil. Una España económica, integrada totalmente en la Unión Europea, sin ayudas de Estado a la exportación ni subvenciones públicas arbitrarias era más sensible a la falta de competitividad exterior que el resto de los grandes países europeos a los que se ha hecho referencia. Con una industria de empresas mayoritariamente pequeñas, sin investigación propia, sin tamaño suficiente para disfrutar de economías de escala, sólo se podía mantener el empleo si los salarios y el resto de las condiciones que influyen en la productividad fueran tan favorables que les permitieran competir con las empresas del exterior o lograr integrarse, por venta o acuerdos comerciales, con las grandes multinacionales extranjeras.
Si la política económica era tal que la economía española dejaba de ser competitiva, la inversión extranjera y sus efectos beneficiosos sobre todo el tejido industrial se paralizarían. El Gobierno español, al integrarse en la Unión Europea, debería haber sido consciente de que sólo podríamos crecer si, para un extranjero, fuéramos claramente competitivos. Lo que significaba una política económica que minimizara la inflación, que equilibrara las cuentas públicas y que hiciera las inversiones imprescindibles en infraestructuras; junto con la garantía de seguridad jurídica y una mano de obra bien cualificada y formada y, por supuesto, una legislación laboral y unos sindicatos que tuvieran entre sus objetivos el de garantizar un mínimo de rentabilidad en las empresas, además de evitar la tentación de convertirse en un gobierno económico paralelo. Y lo dicho respecto a la industria había que aplicarlo, igualmente, a la agricultura y a los servicios.
Ser competitivos en una Unión Europea sin las ventajas de tamaño, capital humano y físico acumulados por las empresas de los otros países europeos más desarrollados, sin tecnología propia, marcas ni organización comercial internacional, era una tarea titánica. Sobre todo porque ni los gobiernos democráticos, ni la oposición democrática, ni los sindicatos, ni la patronal, eran conscientes de que integrarse sin protección exterior y apoyos gubernamentales internos era una tarea de Estado.
Quizá era demasiado pedir que unos partidos sin experiencia democrática y unos sindicatos herederos de los sindicatos verticales del franquismo pudieran hacer, en apenas diez años, una transición a la libertad y, simultáneamente, a la renuncia a una parte importante de esa libertad para llegar a acuerdos de estado que garantizaran la competitividad de nuestra economía. Una transformación de ese tipo requiere tiempo, experiencias y fracasos para saber cuáles son los límites de la libertad y hasta dónde debía llegar la responsabilidad. Si a esa situación agregamos los nacionalismos en las regiones más desarrolladas, el resultado fue una evolución económica irregular, con políticas económicas muy cambiantes que sólo se ocuparon de la competitividad y el empleo cuando la situación era desesperada.
Durante muchos años, a partir de 1979, cuando ya se habían celebrado dos elecciones generales democráticas y aún más tras la firma de la integración en la Unión Europea en 1985 y con un desempleo consolidado en torno al 20% de la población activa, los principales economistas españoles pronosticaron que el desempleo sólo descendería a niveles europeos –en torno al 5% la población activa– cuando transcurrieran, al menos, veinte años. No había una gran ciencia detrás: era un cálculo hecho sobre la base del final de la modernización de la agricultura y la consiguiente pérdida de empleo en el sector, sobre la de la desaparición de la emigración como salida aceptable y sobre la de la incorporación al mercado de trabajo de sucesivas, y cada vez menores, cohortes de jóvenes españoles.
En 1986, año en el que nos integramos en la Unión Europea, sólo nacieron 400.000 españoles, 282.000 menos que en 1974. Con esa evolución demográfica y un pesimismo que tenía sólidas bases –pues era ya evidente la irresponsabilidad de los partidos políticos y de los sindicatos–, estaba claro que sólo la demografía de una población que envejecía rápidamente podía resolver el paro. La política económica del PSOE de Felipe González fue todavía peor de lo que muchos se temían. Sólo la imposibilidad de financiar la deuda pública animó, finalmente, a sus últimos gobiernos a hacer algunas reformas en el mercado de trabajo y en el sistema de protección social.
4. El fracaso del Sistema Monetario Europeo y la política de Solchaga y Rojo
Una vez más se demostró la dificultad de controlar el gasto público cuando los desempleados eran muy numerosos. Los déficits públicos se monetizaron hasta mediados de los ochenta, lo que se traducía en una presión alcista sobre los precios. A las subidas de precios reaccionaron los sindicatos con una política muy agresiva, defendiendo, en exclusiva, a los que tenían un empleo fijo. Por si fuera poco, esa situación se complicó todavía más con la política monetaria de Carlos Solchaga, ministro de economía desde 1986, y del Banco de España, dirigido por Ángel Rojo.
Ambos decidieron que la manera de domar a los sindicatos y de obligar a la sociedad española a aceptar la disciplina de los mercados, que castigaba las pérdidas de competitividad de cualquier país con la exigencia de elevados tipos de interés para financiar y refinanciar la deuda, era doblar esa exigencia internacional con otra artificial. Ambos optaron por revalorizar artificialmente el tipo de cambio de la peseta mediante una política de altísimos tipos de interés, y por integrar a la peseta en el Sistema Monetario Europeo, el primer intento de moneda única europea. En vista de que la disciplina interna no funcionaba, porque el Gobierno incurría en grandes déficits y porque los sindicatos exigían aumentos salariales por encima de la productividad, optaron por la disciplina externa, por la que imponía el primer intento de introducir el euro.
Nada funcionó. Internamente, los últimos gobiernos de Felipe González fueron incapaces de controlar el gasto público y los sindicatos se hicieron más fuertes, provocando la pérdida de competitividad de nuestra economía y de la mayoría de las empresas, que no podían seguir exportado ni podían defenderse de los bienes importados de otros países. Externamente, tampoco se pudo mantener ese primer intento de unión monetaria europea. En los siguientes dos años, entre 1992 y 1994, sufrieron grandes devaluaciones países como el Reino Unido, Italia, España o Portugal. En lo nacional, España registró grandes déficits públicos desde 1992 a 1996 que llevaron la deuda pública hasta el 68% del PIB de ese año, mientras el empleo volvía a descender a 12 millones de ocupados y los parados sumaban 4.165.000 personas en 1994.
El estallido del Sistema Monetario Europeo puso punto final a la política económica de altos tipos de interés y a la sobrevaloración del tipo de cambio que intentaron en España Solchaga y Rojo para educar y castigar a los sindicatos. Todos pagamos ese absurdo intento. Después de cuatro devaluaciones y un paro que alcanzó el 24,5%, los gobiernos españoles, primero los del PSOE y después los del PP de Aznar, hicieron algunas reformas. Los del PSOE, para poner límites y poder pagar al generoso sistema de protección del desempleo y de pensiones de los jubilados. Los del PP –que se encontraron con una economía muy competitiva tras cuatro devaluaciones, la última en 1995– hicieron hincapié en el control del gasto público y de la inflación y en privatizar la mayoría de las grandes empresas públicas, tanto para reducir la deuda pública como para privar de apoyo a los sindicatos mayoritarios, la UGT y CCOO.
5. Las reformas del periodo 1994-1998
Desde 1994 a 1998, dos años de gobierno del PSOE y dos del PP, los partidos políticos españoles parecían haberse dado cuenta de que la única manera de crecer y de evitar el desempleo eran políticas económicas que garantizaran la estabilidad presupuestaria, el control de la inflación y que impidieran la excesiva influencia sindical en la política nacional. Una economía totalmente abierta al exterior, con escasa productividad y un elevadísimo desempleo sólo podía crecer con precios y salarios más bajos que los de nuestros competidores extranjeros, lo que requería políticas muy austeras en gasto público total y en políticas salariales: no ilimitadamente, sólo hasta que un sistema educativo mejor permitiera una formación media mucho más elevada y hasta que universidades, agencia de investigación, empresas y al apoyo de los presupuestos facilitaran la investigación y el desarrollo.
La crisis de 1992-1994 evidenció, una vez más, que los enemigos de la modernización de la economía española eran la regulación del mercado de trabajo y los sindicatos. Una lección que aprendió el PSOE de Felipe González a partir de 1986, cuando comenzó un periodo de prosperidad que duró, estadísticamente, hasta 1991, pero que fracasó cuando la huelga general de 1988 doblegó al Gobierno, que comenzó a gastar lo que no tenía para recuperar el favor de sus votantes.
Los dos primeros años de Gobierno de Aznar, entre 1996 y 1998, fueron ejemplares. Se recortó el gasto público, se congelaron los sueldos de los funcionarios, se redujeron las inversiones, se controló la inflación y se privatizaron totalmente la mayoría de las grandes empresas públicas, que eran una de las bases del poder sindical. Esas decisiones, junto con el impulso del sector exterior espoleado por las cuatro devaluaciones que, en conjunto, alcanzaron el 50% frente al marco alemán y al franco francés, permitieron que la economía española creciera sin tensiones inflacionistas y creando empleo.
A finales de 1998 el paro había pasado del 24,5% de 1994 al 18,2% de la población activa. Se crecía sin endeudamiento exterior y con un sector público que reducía rápidamente el déficit desde el 7% del último año del Gobierno de Felipe González. Todo ese conjunto de acontecimientos y medidas previas resultaron en un crecimiento no inflacionario, en el que se creó empleo en todos los sectores económicos, incluso en el industrial y en los servicios diferentes de las Administraciones Públicas.
6. El empleo desde 1998 hasta 2007 en la España del euro
En 1998 comienza, de hecho, un nuevo ciclo, impulsado por la sustitución de la peseta por el euro. Desde 1998 hasta 2007, el punto más alto del ciclo alcista impulsado sobre todo por el euro y sus bajos tipos de interés, el empleo creció en 5,5 millones de personas. Aumentó desde casi los 15 millones de 1998 hasta los 20,5 millones del último trimestre de 2007. Un aumento de más de 610.000 personas al año.
De esos 5,5 millones de nuevos empleos, 1,4 millones se crearon en el sector de la construcción y en el inmobiliario. Es posible que en los sectores industriales dependientes de la construcción, como el de producción de cerámica, cemento, otros productos minerales no metálicos y muebles, lámparas o electrodomésticos, se crearan alrededor de 400.000 puestos de trabajo. En el sector de servicios es más complicado este cálculo, pero entre transporte terrestre, hostelería, saneamientos y servicios a las empresas se pudieron crear otros 500.000 puestos de trabajo. En el conjunto de las Administraciones Públicas y en el sector de prestación de servicios sociales, el empleo aumentó en 1,2 millones de personas. El resto, alrededor de 2 millones, estuvo ligado a las necesidades de bienes y servicios corrientes de una población que había aumentado desde los 40 millones a los 45 millones de habitantes en apenas 7 años.
La mayor parte de la creación de empleo público en este periodo se hace por las autonomías. En la administración central ocurre un doble fenómeno: por una parte se reducen el número de sus empleados, tanto por la transferencia de competencias a las autonomías como por la privatización de empresas públicas; por otra, se hacen nuevas contrataciones, si bien cuantitativamente es un fenómeno marginal entre 1974 y 2004, y más acusado a partir de ese año hasta 2011. En la administración local también crece el empleo, pero sus dificultades de financiación impiden los excesos. La gran revolución ocurre en la administración autonómica, que crece por la transferencia de competencias de la administración central, por nuevas contrataciones y por el desarrollo de un nuevo complejo de entes y empresas públicas. Al igual que ocurre en la administración central, ese crecimiento se desboca a partir de 2004, con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. El crecimiento del empleo público, directo e indirecto, es más intenso en autonomías con un alto índice de paro, como Andalucía y Extremadura.
Lo que se mantiene, aún a pesar del aumento del empleo total en estos años, son las diferencias en el paro entre el norte y el sur de España. El paro en Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Canarias es sistemáticamente más alto que en el centro y en el norte de España. Las diferencias perduran incluso en el momento de menor desempleo, a finales de 2007, cuando el paro nacional llega a un mínimo del 8% de la población activa.
7. El empleo en el periodo 2008- primer trimestre de 2011
Posteriormente, en el periodo 2008-primer trimestre de 2011, se perdieron 2,4 millones de puestos de trabajo, de tal modo que la población ocupada en esa fecha era de 18,1 millones de personas. Desde 2008 al primer trimestre de 2011, el empleo público ha vuelto a crecer en otras 300.000 personas. Por eso, de los 5,5 millones de puestos de trabajo creados en el periodo 1998-2007, han conservado su empleo los 1,4 millones de empleados públicos y alrededor de 1,7 millones de personas en el resto de la economía. La población, mientras tanto, ha pasado de 40 a 47 millones de personas desde 1998 a 2011.
Es una auténtica tragedia humana y económica que, en apenas nueve años, desde 1998 a 2007, los años de la expansión impulsada por el euro, hayan llegado a España alrededor de 6 millones de inmigrantes, de los que casi 5 millones eran personas dispuestas a trabajar, y que, al cabo de otros tres años, en el primer trimestre de 2011, el empleo neto creado desde 1998 haya sido de sólo 3,1 millones de puestos de trabajo, 1,7 millones en el sector público y el privado oferente de servicios sociales, y 1,4 millones en el sector privado directamente productivo. En consecuencia, en algo más de 12 años, el empleo privado, los 1,4 millones, han supuesto, en promedio, la creación de 120.000 empleos anuales.
En números y porcentajes sobre la población activa, la evolución en el periodo 1998-primer trimestre de 2011 ha sido la siguiente:
| Parados en diciembre de 1998 | 3.000.000 personas |
| Nacionales incorporados al mercado de trabajo en ese período | 1.500.000 personas |
| Inmigrantes activos | 4.700.000 personas |
| TOTAL | 9.200.000 personas |
La situación laboral de esos 9,2 millones de personas en el primer trimestre de 2011 es la siguiente:
- Ocupados: 3.100.000 millones
- Parados: 5.000.000 millones
- No activos, o economía sumergida o emigrados: 1.100.000 personas
Lo que significa que la burbuja crediticia provocada por el euro financió temporalmente el crecimiento del sector de la construcción, del inmobiliario y de las industrias y servicios dependientes de ambos sectores. Por otra parte, ha dejado incorporados a nuestra economía el crecimiento del empleo de las Administraciones Públicas y el de los sectores que prestan servicios sociales y una cifra inmanejable de 5 millones de parados.
La pérdida de empleo no es homogénea entre el norte y el sur de España. En Andalucía y Canarias el desempleo vuelve a aproximarse al 30% de la población activa. En Murcia, una autonomía que parecía haberse escapado de esa situación, el paro es ya del 26%. En Valencia del 24%, en Extremadura del 26%, en Castilla-La Mancha del 22%. Incluso Baleares supera el 25%. Mientras en Cataluña (19%), Madrid (16%), País Vasco (12%), Navarra (12%), Aragón (18%), Galicia (18%), Asturias (18%), Castilla y León (18%) y Cantabria fluctúa entre el 12% y el 19%. Cifras altísimas, pero más de diez puntos inferiores a las del sur.
Otro dato a tener en cuenta es que el desempleo entre los inmigrantes en activo es del 32%, lo que significa que 1,1 millones de personas están en paro, y que los inactivos son otros 1,1 millones. Sólo 2,4 millones están ocupados en la actualidad, de los casi 5 millones de trabajadores que han llegado a España en los últimos años.
Todo esto confirma que los excesos en el sector de la construcción e industrias y servicios dependientes se tradujeron en una inmigración excesiva, que ahora se encuentra en paro y con una red de protección social mucho menos sólida que aquella con la que cuentan los españoles. Numéricamente, a pesar de que el paro ha alcanzado los 4,9 millones de personas, el número de españoles de origen desempleados es, en el primer trimestre de 2011, de 3.767.000, por debajo del máximo numérico histórico de 1996, año en el que se alcanzó la cifra de 4.200.000, y su tasa de paro es del 19,33% frente a un total nacional del 21,3%.
En el cuadro que figura a continuación se desglosa el empleo entre los distintos sectores. Figura, igualmente, la evolución de los últimos doce meses. En el primer trimestre de 2011 trabajaban en España 18,1 millones de personas. Con la siguiente distribución por sectores de actividad:
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