Para combatir la inflación, China rebaja su meta de crecimiento
Por Bob Davis
BEIJING—El primer ministro de China dijo que el gobierno quiere reducir la velocidad a la que crece la economía, para reestructurarla y evitar la inflación, aun cuando parte importante del mundo desarrollado está intentando acelerar la expansión.
El primer ministro Wen Jiabao dijo que la meta oficial del gobierno para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos cinco años será de 7% anual, por debajo del objetivo de 7,5% de los cinco años pasados. Mientras que las metas oficiales habitualmente subestiman el crecimiento, el anuncio representa igualmente una importante señal de que las prioridades del gobierno en la segunda economía del mundo están cambiando, para reducir la dependencia de las exportaciones y de las industrias intensivas en capital a favor de la creación de condiciones que permitan el crecimiento de la demanda interna.
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Reuters La sorprendente expansión de China se ha producido como consecuencia de enormes inversiones en industrias intensivas en capital, como el acero, y transformándose en la fábrica del mundo, provista con trabajadores que emigran a las ciudades costeras desde las zonas rurales pobres. Pero el crecimiento de China de más de 9% al año en las últimas tres décadas ha costado caro: alta contaminación, un gran incremento en la desigualdad y una persistente corrupción.
"No vamos nunca a buscar el crecimiento económico a costa del medio ambiente", dijo el domingo Wen a usuarios chinos de Internet en una charla en línea, en la que anunció su nueva meta. "Eso podría resultar en un crecimiento no sustentable caracterizado por la sobrecapacidad industrial y el consumo intensivo de recursos", advirtió.
Los economistas chinos señalan que la meta de 7% no debería ser tomada literalmente sino como una señal al mundo y a las autoridades provinciales de que el gobierno habla en serio cuando asegura que su intención es que el consumo interno sea el motor del crecimiento.
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El plan quinquenal anterior, anunciado en 2006, fijó una meta de crecimiento de 7,5% pero la economía creció 11,1% entre 2006 y 2010. La última vez que China estableció una meta de crecimiento tan baja como 7% fue en 2001, cuando China se estaba recuperando de la crisis asiática y el PIB se expandió 7,5%. Aun así, entre 2001 y 2005, el PIB chino aceleró su crecimiento promedio hasta 9,8%, según J.P. Morgan.
"La meta oficial incluida en el plan quinquenal tiende a ser un muy mal indicador del crecimiento en los siguientes cinco años, dijo Qing Wang, un analista de Morgan Stanley en China. "Pero sugiere que veremos un crecimiento más moderado", agregó. El experto pronosticó un crecimiento anual promedio de 9% en los próximos cinco años, y menos de 8% en los siguientes cinco.
Otros son menos optimistas. El economista de Harvard Kenneth Rogoff advirtió que China podría sufrir un tropiezo importante, especialmente si se ve atrapada por una crisis bancaria.
Una serie de economistas, dentro y fuera de China, argumentan que sus tasas de crecimiento son insostenibles, a medida que la población envejece y el país tiene menos oportunidades de obtener avances importantes al aumentar todavía más sus exportaciones e inversiones. Eso ha llevado a una dicotomía. Las economías desarrolladas intentan acelerar el crecimiento para recuperarse de la crisis financiera mientras que los países emergentes, encabezados por China, tratan de pisar el freno. "Los líderes chinos no tienen aversión al crecimiento pero se dan cuenta de que no están obteniendo un crecimiento de buena calidad que produzca beneficios acordes para la familia promedio", manifestó Eswar Prasad, economista de Brookings Institution.
El llamado de Wen de reorientar el crecimiento hacia el consumo es un reto para las empresas estatales que controlan una tajada cada vez mayor de la riqueza del país.
Una nueva muerte
Una nueva muerte en la guerra contra las drogas
Por Mary Anastasia O'Grady
La muerte del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Jaime Zapata, en el estado de San Luis Potosí el 15 de febrero, sacudió e indignó a la comunidad de los agentes del orden en este país. Para los mexicanos esto es parte del pan nuestro de cada día.
Los primeros indicios apuntan a que Zapata fue asesinado por miembros de un cartel de la droga mexicano conocido como "Los Zetas". De ser así, su muerte se sumaría a una estadística estremecedora. Los últimos datos disponibles del gobierno mexicano muestran que 87 militares mexicanos y 867 agentes de la ley fueron asesinados a manos de bandas de narcotraficantes entre 2006, cuando Felipe Calderón asumió la presidencia y marzo de 2009. No cabe duda de que las cifras han aumentado desde entonces.
Alrededor de 35.000 mexicanos han perdido la vida como consecuencia de la violencia vinculada al narcotráfico desde diciembre de 2006, 15.273 de ellos el año pasado. Para entender la magnitud de esta violencia, hay que tomar en cuenta que el equivalente per cápita en Estados Unidos bordearía los 98.000 muertos.
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Associated Press El funeral del agente Jaime Zapata el 22 de febrero.
Si bien los 18 asesinatos en México por cada 100.000 habitantes de 2009 se ubican muy por debajo de la tasa de Colombia (35) y de Guatemala (52), superan con holgura a la cifra de 2007 (8) y la tasa es mucho más alta que la de Estados Unidos (5). El número también revierte bruscamente la mejoría registrada a partir de 1999. Mientras tanto, la demanda estadounidense por narcóticos ilegales, la fuente de esta creciente violencia, no muestra señales de disminuir.
No es irracional sugerir que si Estados Unidos tuviera que hacer frente a niveles similares de muertes violentas, Washington se vería forzado a reconsiderar la conveniencia de una estrategia basada en la interdicción para combatir el narcotráfico. Pero el sufrimiento es al sur de la frontera, lejos de los ojos y las mentes de los estadounidenses y, por lo tanto, lejos de las preocupaciones de sus políticos. Mientras tanto, una burocracia estadounidense, que demanda miles de millones de dólares, dedicada a combatir esta guerra tiene escasos incentivos para ganarla o para cambiar de rumbo.
Las posibilidades de una "victoria" parecen cada vez menores. El problema es que el estado de derecho en cualquier sociedad libre emana de las normas y los valores de su cultura. Cuando se trata de transacciones voluntarias entre dos partes, el gobierno puede decir una cosa pero si la población no comparte ese punto de vista, no cumplirá con la ley.
El ejemplo más claro es la robusta cultura de la droga recreacional en Estados Unidos, fácilmente observable en la televisión, las películas y las artes. La edición de julio de 2008 de "Science Daily" informó sobre un estudio de la universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, que, utilizando cifras de la Organización Mundial de la Salud, informó que Estados Unidos tenía los mayores niveles de uso de cocaína y cannabis entre los 17 países estudiados. Los autores dijeron que alrededor de 16,2% de los estadounidenses han utilizado cocaína alguna vez en su vida, un nivel mucho más alto que el de cualquier otro país estudiado (el segundo nivel de uso de cocaína correspondió a Nueva Zelanda, donde 4,3% de los encuestados dijo haber probado cocaína). En Estados Unidos el uso de cannabis superó el 42%.
México tiene la mala suerte de situarse al lado de este lucrativo mercado. Tampoco ayuda que una vez que las drogas cruzan la frontera parecen llegar a los consumidores con facilidad. Como me dijo el entonces alcalde electo de Ciudad Juárez, Héctor Murguía, en una entrevista realizada en su casa el año pasado: "Necesitamos preguntarle a Estados Unidos cómo son un país en calma a pesar del alto nivel de consumo". O, para decirlo con menos delicadeza, quizás los jefes de los carteles lo arriesgan todo en la frontera porque saben que desde Mc Allen, en Texas, hasta Seattle, tienen el camino despejado. No es de extrañar, por ende, que los operativos de los agentes federales para atrapar a los asesinos de Zapata hayan capturado a 676 sospechosos de integrar los carteles mexicanos en Estados Unidos.
México ha tratado de explicar la cantidad de víctimas argumentando que 85% de los muertos eran integrantes de bandas de narcotraficantes asesinados por bandas rivales. Pero cuando más del 90% de los asesinatos en Ciudad Juárez (donde el año pasado fueron asesinadas más de 3.100 personas) siguen sin resolver, cuesta ver cómo se puede afirmar algo así. Lo que es más, decenas de miles de niños vulnerables han sido reclutados para trabajar en el narcotráfico, y algunos de ellos también son asesinados. Sus muertes no pueden ser ignoradas tan fácilmente, aunque hayan sido miembros de los carteles. Finalmente, incluso si las cifras del gobierno son correctas, nos quedan 5.250 víctimas inocentes, una cifra demasiado grande como para ser descartada como daño colateral.
¿Porqué debería pedírsele a los mexicanos que den sus vidas porque los estadounidenses tienen un apetito voraz por estas sustancias? Calderón ha hecho poco para plantear esta pregunta. En cambio, dice que la guerra se justifica porque ahora el consumo es un asunto a considerar en México. Pero los datos mexicanos no respaldan tal afirmación, como el ex ministro de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, escribió en un trabajo publicado el 6 de marzo por el Instituto Cato. "Los usuarios de drogas se han incrementado de 307.000 a 464.000 en los últimos siete años (entre 2002 y 2008), lo que en un país de 110 millones de habitantes no equivale a un enorme problema de droga", escribió Castañeda.
El problema está al otro lado de la frontera y mientras haya enormes ganancias de por medio, no desaparecerá, sin importar cuántos Jaime Zapatas, estadounidenses o mexicanos, sean sacrificados.
La guerra narco mexicana se desborda
La guerra narco mexicana se desborda a Guatemala
Por Nicholas Casey
CIUDAD DE GUATEMALA—Se ha abierto un nuevo frente en la guerra contra los carteles de la droga mexicanos, pero esta vez no es dentro de México sino justo al lado, en este pequeño país centroamericano.
Cuatro años después de que México pusiera en marcha una iniciativa similar contra las bandas del narcotráfico, el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, ha desplegado cientos de soldados del ejército a una provincia rural para tratar de erradicar a Los Zetas, un poderoso cartel mexicano que llegó aquí hace unos tres años.
"Enfrentamos una invasión permanente", señaló Colom durante una entrevista radial hace poco, cuando habló sobre el estado de sitio que declaró a finales de diciembre en Alta Verapaz, una provincia al sur de México.
En Alta Verapaz, militares y patrullas de policía ahora recorren las calles buscando capturar a miembros de Los Zetas.
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European Pressphoto Agency Soldados guatemaltecos vigilan en Cobán, Alta Verapaz, en el norte de Guatemala.
El estado de sitio les permite a las fuerzas de seguridad registrar las casas y concretar arrestos sin ordenes judiciales, y aparentemente ha dado algunos resultados ya que 25 sospechosos están bajo custodia y más de US$1,2 millones en mercancías ilegales han sido capturadas, incluyendo drogas, granadas y rifles de asalto, asegura el gobierno.
Mientras que Guatemala está empezando su propia campaña contra los carteles, espera no imitar a México en un aspecto clave: desde que la operación mexicana empezó en 2006, la violencia relacionada con las drogas ha dejado más de 34.000 muertos.
Algunos temen en Guatemala que un recrudecimiento de la violencia es exactamente lo que sucederá, también aquí.
"Si ponemos a nuestro ejército contra el de los traficantes, simplemente tendremos miles de muertes", expresó Sandino Asturias, un experto en seguridad en el Centro de Estudios de Guatemala, un centro de estudios en la capital. Asturias recomienda el uso de inteligencia, como escuchas telefónicas, para interferir a las asociaciones criminales en lugar de la fuerza bruta del ejército.
Alberto Islas, un analista de seguridad de México con una larga trayectoria en rastrear los cárteles del narcotráfico de su país, asegura que el ejército de Guatemala, entrenado para luchar contra las guerrillas de izquierdas durante 36 años de guerra civil, "carece de los recursos para luchar contra el crimen organizado", el cual él define como "un juego distinto". Los narcotraficantes, por ejemplo, están mejor financiados que los grupos ideológicos que luchan por una causa, dice Islas.
Esa guerra civil, que dejó un legado de represión brutal por parte del ejército y la policía nacional, llevó al gobierno en los últimos años a reducir el tamaño del ejército en 60%. Las reducciones y el recorte de presupuestos significa, que Guatemala sólo podría costear el envío de 600 tropas a la provincia para luchar contra Los Zetas, en comparación con los 6.500 soldados que México envió al estado de Michoacán para luchar contra el cartel La Familia, que en su momento representó una amenaza similar.
En Alta Verapaz, el gobierno ordenó el cierre de tres bases militares en 2004, cuando despidió casi 11.000 soldados y dejó la zona prácticamente indefensa y gravemente expuesta al crimen organizado, afirman algunos funcionarios del gobierno.
"Nunca imaginé que el conflicto armado había protegido al país", declaró el presidente Colom en una entrevista reciente. "Las guerrillas nunca se involucraron en el tráfico de drogas. Y entonces, redujimos el ejército y la policía".
Mientras que Centroamérica desde hace tiempo ha sido un punto de parada para el contrabando de drogas desde Colombia a Estados Unidos, las asociaciones del crimen organizado han aumentado sus actividades aquí en los últimos años, según las autoridades de EE.UU. y expertos en drogas.
En Guatemala, unos US$2.100 millones en drogas, dinero en efectivo y armas fueron confiscados en el primer semestre del año pasado, lo que equivale a cerca de 5% del producto interno bruto, y aproximadamente lo mismo que la cantidad capturada para todo 2009, señala el gobierno.
Y mientras se desconoce lo que impulsó a Los Zetas a venir a Guatemala, algunos creen que el momento puede estar vinculado a la propia ofensiva en México. El mes pasado, la policía mexicana anunció la captura un líder de Los Zetas, Flavio Méndez Santiago, en el estado de Oaxaca.
Los Zetas se encuentran entre los nombres más temidos en la guerra de narcos. El grupo se inició después de que desertores de las Fuerzas Especiales de México tomaron las armas para defender al Cartel del Golfo, en ese país. Recién se separaron el año pasado y formaron una organización criminal por su cuenta que mezcla el tráfico de drogas con extorsiones, secuestros y asesinatos.
El grupo fue noticia en Guatemala en agosto, cuando las autoridades mexicanas los culparon por la sangrienta masacre de 72 inmigrantes en un rancho aislado en México. Muchos de los muertos eran guatemaltecos que se dirigían a EE.UU.
Los residentes de Alta Verapaz dicen que Los Zetas empezaron a aparecer hace tres años. Valeriano Maquín, de 25 años y oriundo de la ciudad de La Tinta, dijo que los desconocidos se presentaron como oficiales del gobierno de Guatemala y preguntaron por los miembros locales de los Kaibiles, una ex división de las fuerzas especiales de Guatemala que se cree que es responsable de matanzas de civiles durante la guerra civil del país. Maquín y otros residentes creen que los recién llegados estaban buscando reclutar a los vigilantes para sus propias filas.
Durante 2008, Los Zetas se desplegaron por todo el país, establecieron una base de operaciones y se enfrentaron a los traficantes locales para ganar el control de las rutas de contrabando, afirman funcionarios guatemaltecos. En marzo de 2008, 11 personas fueron asesinadas en un pueblo en el este de Guatemala tras una encarnizada batalla entre Los Zetas y una banda local.
El ministro del Interior de Guatemala, Carlos Menocal, declaró que era optimista de que el gobierno pudiera controlar a los grupos criminales como Los Zetas, citando éxitos del pasado en la selva El Petén, donde las pistas de aterrizaje utilizadas por los traficantes fueron recuperadas en los últimos años.
Pero reconoció que la fuerza policial del país, destinada a ayudar al ejército a enfrentar a los narcotraficantes, también es demasiado pequeña. Guatemala cuenta con un sólo funcionario por cada 700 residentes, en comparación con lo que recomienda Naciones Unidas, que es uno por cada 400. Además señaló que el país tiene 2.000 investigadores de policía y necesita 5.000.
Algunos dicen que el gobierno de EE.UU. podría hacer más para ayudar. En los últimos años, EE.UU. les dio a los países centroamericanos y del Caribe menos de 25% de los US$1.400 millones asignados en la Iniciativa Merida, mientras el resto fue destinado a los esfuerzos en México.
Un funcionario del Departamento de Estado declaró que el gobierno está incrementando su foco sobre Guatemala junto con El Salvador y Honduras, y podría estar considerando aumentar los fondos si los países demuestran "voluntad política para financiar y hacer frente a sus desafíos de crimen interno".
Traer la lucha contra el narcotráfico a Guatemala enfrenta la oposición de los activistas de izquierdas, quienes dicen que el uso de soldados para combatir a los narcos conducirá a una nueva militarización del país y quizá el regreso de la guerra civil en la que murieron unas 200.000 personas, principalmente a manos del ejército.
Jorge Morales Toj, un ex guerrillero que ahora es abogado y defensor de los derechos humanos, dijo que abusos cometidos por el ejército como violaciones y asesinatos podrían hacer que volviera la "psicosis de guerra".
Morales y muchos otros afirman que las operaciones militares son una puesta en escena política para conseguir más apoyo al gobierno de Colom. Las elecciones presidenciales están previstas para septiembre, y se prevé que la esposa de Colom, Sandra Torres, se presente con Colom, cuyo mandato llega a su límite.
Colom niega que la política tenga algo que ver con la operación militar y que no se han presentado quejas ante el gobierno sobre abusos de derechos humanos en Alta Verapaz desde que comenzó el estado de sitio.
"Cuatro miembros de mi familia fueron asesinados en el conflicto anterior", sostuvo Morales. "No quiero ver que este tipo de cosa vuelva a suceder".
Lamenta candidatura de Ortega en Nicaragua
Obispo lamenta candidatura de Ortega
By EFE
MANAGUA
El obispo auxiliar de la archidiócesis de Managua, Silvio Baez, lamentó el domingo que ``lo ilegal se quiera revestir de legalidad'' en alusión a la aprobación por el IV Congreso sandinista de la candidatura presidencial del mandatario, Daniel Ortega.
``Me apego a la Constitución Política y a lo que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) ha dicho, que ha lamentado de que en Nicaragua lo ilegal se quiera revestir de legalidad'', declaró Baez al canal 12 de la televisión al reaccionar sobre la elección de Ortega por el congreso de su partido como candidato presidencial ante los comicios que el 6 de noviembre se realizarán en este país.
El prelado recordó que la CEN emitió en abril y noviembre del año pasado, sendos comunicados en los que planteó el rechazo de la Iglesia a que no se respete la Constitución Política nicaragüense.
El obispo auxiliar de Managua indicó que la CEN también ha ``lamentado seriamente'' de que las instituciones públicas aparezcan al servicio de grupos privilegiados del Estado, de que no se respete la Constitución y que no haya separación de los Poderes del Estado.
``Yo solamente me hago eco de lo que como obispos hemos dicho en los comunicados de abril y noviembre del año pasado, ya que sabíamos que esto iba a ocurrir (la candidatura de Ortega), y nosotros como obispos lo hemos denunciado y lamentado como algo que no ayuda a la democracia en Nicaragua'', insistió el prelado.
Un total de 1,019 de los 1,089 del IV Congreso sandinista extraordinario celebrado este sábado en una plaza de Managua, por unanimidad aprobaron la candidatura de Ortega a propuesta del excomandante Tomás Borge, uno de los fundadores del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y embajador de Nicaragua ante el Gobierno de Perú.
El diputado suplente y dirigente del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) Hugo Torres, dijo que Ortega no puede ser candidato ni del FSLN ni de ningún partido ``porque doblemente se lo prohíbe la Constitución''.
Según Torres, lo que hubo el sábado en la Plaza de la Revolución ``fue una mascarada, un acto teatral y no un Congreso, donde todo el mundo siguió las consignas (...) de la tarima principal''
Rebeldes libios preparan avance
Rebeldes libios preparan avance sobre Trípoli
POR LEILA FADEL , LIZ SLY Y ANTHONY FAIOLA/Washington Post
BENGAZI, LIBIA
El coronel Moamar el Kadafi enfrentó el domingo nuevos reveses el domingo con la oposición en el este de Libia preparándose para enviar una fuerza rebelde a su bastión en Trípoli y la ONU imponiendo sanciones militares y financieras, mientras aumenta la posibilidad de que el aislado líder pueda enfrentar cargos por crímenes contra la humanidad.
Al mismo tiempo que la oposición consolidaba su dominio sobre Bengazi, la segunda ciudad del país, un importante líder del movimiento contra Kadafi, el general de brigada Ahmed Gatrani, dijo que una pequeña fuerza que incluye a desertores del ejército y rebeldes ya llegó a las afueras de la capital. Un intento para derrocar el viernes a Kadafi en Trípoli fue aplastado por grupos paramilitares y soldados que dispararon indiscriminadamente contra los manifestantes en las calles.
Esto ocurría mientras la ola de revueltas civiles de semanas recientes continuaba convulsionando al Oriente Medio. En Omán, dos personas murieron el domingo en las protestas mientras la policía disparaba gases lacrimógenos y acordonaba a los que se manifestaban por segundo día en la ciudad de Sohar.
Pero la atención se mantenía en el levantamiento en Libia. "Tratamos de organizar a las personas que sacrificarán sus vidas para liberar a Trípoli del dictador'', dijo Gatrani, quien encabeza el comité militar que está ahora a cargo del ejército en Bengazi, 600 millas al este de la capital y la primera gran ciudad que cayó bajo el control de la oposición. Pero alertó: "Entrar en Trípoli no es fácil. Dispararán contra cualquiera que lo intente''.
La posibilidad de un ejército rebelde que marche sobre las capital para enfrentar a los miembros leales del mismo ejército levantó la posibilidad de una guerra civil declarada en un país ya violentamente polarizado entre los simpatizantes y oponentes del régimen. En otra señal de que se profundiza la división, Mustafá Abdel Jalil, el ex ministro de Justicia que desertó recientemente, anunció la formación de un "gobierno interino'' para dirigir las regiones orientales bajo el control rebelde.
La secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, antes de partir hacia Ginebra para una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, repitió su llamado a Kadafi para que deje el poder.
"Creemos que se debe ir tan pronto como sea posible sin más violencia y baños de sangre'', dijo Clinton. "Se exigirá responsabilidad por los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra'' cometidos en días recientes. Al enviarle un mensaje directo a Kadafi y a su grupo cercano, Clinton agregó: "Ustedes serán responsables por las acciones que se han tomado contra su pueblo''.
Clinton elogió la votación del sábado en el Consejo de Seguridad de la ONU y destacó que la acción permitirá que Estados Unidos y sus aliados se muevan más agresivamente de varias maneras, como el suministrar ayuda humanitaria a los libios. También hizo un llamado a los países vecinos para ayudar a la comunidad internacional a prevenir el movimiento de mercenarios hacia Libia para apoyar el régimen de Kadafi. Se espera que la reunión de la ONU el lunes explore formas de coordinar sanciones contra el gobierno libio y responder a la creciente crisis humanitaria en la región.
Con el este de Libia en gran parte bajo el control de la oposición, la lucha por el oeste es de primordial importancia. Las ciudades cercanas a la frontera occidental con Túnez han caído bajo el control de la oposición, con las fuerzas leales a Kadafi preparando un contraataque o batallando para impedir que se haga retroceder a las fuerzas gubernamentales a los alrededores de Trípoli.
En las ciudades claves de Sabratha y Zawiya, al oeste de Trípoli, importantes familias tribales parecen estar controlando los centros de las ciudades, pero se encuentran aún enfrascadas en combates nocturnos contra las fuerzas del gobierno en las afueras.
"No hay comida en las tiendas, no hay arroz, ni azúcar, ni pan, ni harina. Todo lo que puedes encontrar son alimentos enlatados'', dijo Mohammed Siyam, de 24 años, un trabajador egipcio que llegó el domingo por la mañana a la frontera tunecina después de huir de Subratha.
No hay indicación de que alguna fuerza rebelde haya llegado ya a Trípoli o participara en los combates en las zonas en que los manifestantes enfrentan con palos y piedras a las fuerzas leales a Kadafi fuertemente armadas.
Un pequeño grupo de 22 rebeldes y soldados que salieron el viernes de Bengazi encontraron fuerzas leales al régimen cerca de Sirte, la ciudad natal de Kadafi, y fueron ejecutados, dijo Gatrani, en sólo una ilustración de las dificultades que podrían encontrar en su intento por atravesar 600 millas de territorio, con zonas que siguen bajo el control del gobierno.
Al mismo tiempo, los opositores al régimen en Trípoli se daban cuenta de que sacar a Kadafi y a sus tropas de la capital va a ser mucho más difícil que lo que fue en las ciudades en el este, donde los manifestantes tomaron el control a los pocos días de un levantamiento masivo ocurrido el 17 de febrero.
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