Jesusa Cervantes
MÉXICO, DF, 25 de febrero (apro).- “Este señor que dice ser Presidente nada más nos vino a militarizar y a poner federales. Es un asco, aquí es una muestra de lo que esta pasando. Es una mierda, pronto va a acabar con todo. Exigimos que ya retire las tropas federales y que ya termine con esta pinche guerra, el pueblo no la pidió”.
El reclamo y la indignación es de Olga Reyes Salazar, a quien grupos armados les secuestraron y asesinaron a dos hermanos, dos hermanas, una cuñada y dos sobrinos.
La madre de los activistas y defensores de los derechos humanos, Sara Salazar, se encuentra devastada.
Y cómo no estarlo, cómo pedirle que entienda que el “daño colateral” de la guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón Hinojosa es inevitable.
A los 33 mil muertos generados por los enfrentamientos, ahora hay que sumar tres más.
Es cierto que los hijos de Sara Salazar no murieron en un claro enfrentamiento con las Fuerzas Armadas o a manos de policías federales que enfrentan al narcotráfico.
A ellos los secuestraron y asesinaron hombres vestidos de negro y con el rostro cubierto. Peor aún, pues se trató de un comando sin rostro.
Un comando que, como muchos más, actúan impunemente en el estado de Chihuahua, matando, hostigando, amenazando, cobrando piso en un estado que es el claro ejemplo del fracaso de Felipe Calderón.
“Fueron unos sicarios, pero esos sicarios tienen un patrón”, le reclamó –apenas el martes pasado-- Sara Salazar Hernández al gobernador César Duarte cuando, a fuerza de “cazarlo”, logró entrevistarse con él para pedirle que le regresaran vivos a sus hijos secuestrados desde el 8 de febrero.
La guerra contra el narcotráfico no solo ha traído muerte y terror en la mayoría de los estados de la República, también ha generado una mayor impunidad en donde cualquier persona se arma con una AK-47 y se pone a amedrentar o secuestrar gente.
En los cuatro años que Calderón tiene al frente del país, ha descompuesto el tejido social más profunda y aceleradamente que durante las fuertes crisis económicas que ha vivido México.
Y así como no ha habido respuesta por los civiles que han sido asesinados en guerra, ni por ejemplo, siquiera una autopsia de los jóvenes asesinados en el fraccionamiento Salválcar de Ciudad Juárez, la familia Reyes Salazar tampoco la ha tenido.
No es que la muerte ronde a la familia o que estén marcados por la tragedia. No, lo que hoy les ocurre ha sido producto de su trabajo en defensa de los derechos humanos, por los reclamos de justicia que han hecho.
En enero y agosto de 2010, una hija y un hijo de Sara Salazar fueron asesinados. Demandó justicia y nadie la escuchó. El 7 de febrero pasado otra hija, un hijo más y su esposa fueron secuestrados; a ella la dejaron libre.
Al día siguiente se plantó junto con el resto de sus hijos en una huelga de hambre frente a las oficinas de la Procuraduría estatal para exigir que las autoridades actuaran y encontraran con vida a sus familiares. Nadie los escuchó.
El gobernador de Chihuahua, César Duarte, ni siquiera se dignó a visitarla en el plantón, hablar con ella, escuchar sus exigencias. Estando en el plantón, le quemaron su casa al igual que a otra activista que la estaba apoyando. El mandatario estatal siguió sordo y ciego.
El desdén continuó hasta el día en que Duarte acudió a la Ciudad de México para, en conferencia de prensa, presumir sus presuntos logros gubernamentales, como el que el Congreso del estado haya aprobado una ley que da prisión vitalicia a quienes secuestren.
En la Cámara de Diputados, legisladoras de PT y PRD “lo cazaron” y lo obligaron a que escuchara a la madre de la familia Reyes Salazar.
Duarte intentó zafarse, dijo que no podría verla, que tenía un encuentro en otro lado y no le daba tiempo de atenderla. El desdén, la insensibilidad, la falta de tacto del gobernador fue evidente.
A un año del asesinato de los primeros hijos de Sara Salazar, el gobernador del estado no tuvo nunca un espacio para escuchar el dolor y la exigencia de la familia.
Obligado por las circunstancia, Duarte se entrevistó por escasos diez minutos con la señora Sara Salazar y ahí, cínicamente, le dijo que “lamentaba” que ese encuentro no haya ocurrido antes.
Sara le entregó una relatoría de lo sucedió y le dijo sólo una cosa: “Ya me mataron a dos, sólo quiero que me entreguen los que me quedan vivos”.
A Sara no la escuchó el gobernador de su estado, allá en Chihuahua. Tuvo que venir al Distrito Federal, a llamar los reflectores porque sabe que sólo así, los políticos insensibles, prestan oídos.
Y Calderón, al igual que a Sara Salazar, ni ve ni oye a los cientos de mexicanos que por todos los medios le gritan que pare su “pinche guerra”.
Y para muestra de que el gobierno estatal y el federal no escuchan a la población, está el siguiente ejemplo:
A quienes sí escuchan es al gobierno de Estados Unidos, al que le matan un agente en México --Jaime Zapata, del servicio de Control Migratorio y de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)-- y las autoridades, en menos de una semana, atrapan a los presuntos asesinos.
Así como Calderón montó su ineficiente programa --de ridículo nombre-- “Todos Somos Juárez”, los mexicanos quizá tengamos que ponernos un letrero que diga, “Todos somos Zapata”, para ver si así, el que dice ser Presidente, voltea y escucha a la población.
El PRI y la partidocracia
Jesús Cantú
La bancada del PRI en el Senado.
MÉXICO, D.F., 22 de febrero.- El grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República impulsa una iniciativa de reforma constitucional para que los partidos políticos postulen a los cargos de elección popular únicamente a sus afiliados, con un mínimo de 18 meses antes de la fecha de elección. Según las explicaciones que dieron a los medios de comunicación el líder de la bancada, Manlio Fabio Beltrones, y la legisladora Norma Esparza, la iniciativa busca frenar el transfuguismo político; sin embargo, tal como lo explicaron a los medios de comunicación, también acabaría con las llamadas candidatura ciudadanas a través de los partidos políticos, pues entonces éstos únicamente podrían registrar a sus militantes, cerrándose la puerta para que ciudadanos no partidistas, ante la imposibilidad de hacerlo directamente, contiendan por la vía de los partidos con registro.
Es una reacción inmediata a lo sucedido en las elecciones de Sinaloa y Guerrero, donde expriistas ganaron los comicios constitucionales para ocupar la gubernatura postulados por coaliciones de partidos distintos al tricolor. En ambos casos, los candidatos decidieron postularse por una fuerza política diferente al partido de su militancia original, después de que el PRI había definido a su candidato, es decir, cuando vieron frustradas sus intenciones de contender bajo la divisa priista. Lo mismo había pasado anteriormente en Tlaxcala, Zacatecas, Baja California Sur y, en dos ocasiones, en Chiapas, entre otras entidades.
Pero en lugar de hacer una revisión crítica de lo que sucedió dentro de su partido y de mejorar sus métodos de selección de candidatos, los legisladores priistas prefieren dar otro paso para fortalecer a las dirigencias partidistas y estrechar todavía más las puertas de entrada a las contiendas electorales. En reformas sucesivas, los partidos con representación en el Congreso han ido estrechando los cauces para que nuevas fuerzas políticas se incorporen a las contiendas electorales; primero, duplicando el número de afiliados necesarios para obtener el registro, que pasó de 0.13% del padrón electoral al 0.26% (que en estos momentos significa poco más de 210 mil ciudadanos debidamente enlistados en el registro electoral); y, luego, pasando de 10 a 20 las entidades o de 100 a 200 los distritos en los que la organización debía realizar asambleas donde tenía que acreditar, en el primer caso, la asistencia de 3 mil afiliados, y en el segundo, de 300 por cada una de ellas.
Asimismo, transitoriamente, colocaron como requisito para hacer el trámite tener un registro como asociación política nacional; pero en la reforma de 2007 establecieron que el proceso de registro de nuevos partidos se abriría únicamente cada seis años y no cada tres, como sucedía anteriormente. Así, el proceso no se abrirá sino hasta 2013, es decir, una vez pasada la elección presidencial de 2012.
En la reforma constitucional de 2007 establecieron en el artículo 116 de la Constitución que: “IV. Las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que: ... e) Los partidos políticos (…) tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular…”, con lo cual cerraron el paso a las reformas que se habían hecho en Sonora y Yucatán para permitir el registro de candidaturas no partidistas, cuya constitucionalidad ya había avalado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y respaldado el electorado, particularmente el yucateco, que ya había elegido a un alcalde no partidista.
Los partidos políticos aprovecharon la reforma de 2007 para constitucionalizar la partidocracia blindando su vida interna, incrementar sustancialmente el financiamiento público para actividades ordinarias, fortalecer a sus dirigencias nacionales, y debilitar a la autoridad electoral, lo que hoy también se hace manifiesto particularmente con las embestidas mediáticas del contralor general de dicha institución (Proceso 1610).
Mientras tanto, en la reforma legal incluyeron varias disposiciones en el mismo sentido, entre las que destacan el establecimiento de una categoría de información “no pública”, para proteger algunos documentos del escrutinio público, y el “requisito indispensable (…) para que las coaliciones en las elecciones estatales” tuvieran la aprobación del órgano de dirección nacional (Proceso 1623).
En caso de concretarse y aprobarse esta nueva iniciativa, más allá de cerrar el paso a los ciudadanos sin militancia en partidos políticos para ser postulados, las dirigencias partidistas también se fortalecerían pues estrecharían los márgenes de acción de sus propios militantes, incluyendo desde luego a quienes ocupan cargos de elección popular. De este modo, la disciplina partidaria se potencia particularmente tras de que se vence el plazo de 18 meses antes de la elección: un legislador con aspiraciones a otro puesto de elección popular durante ese periodo tendrá que obedecer ciegamente las consignas partidarias si no quiere ver canceladas sus posibilidades, pues su única opción depende de la voluntad de su dirigencia partidista.
El problema no es que cierren el paso al cambio de partido de sus militantes, sino los efectos colaterales que esto conlleva: un mayor ensimismamiento de los partidos políticos, al ensanchar los poderes discrecionales de sus dirigentes o líderes para imponer candidatos a los puestos de elección popular; el fortalecimiento de las dirigencias nacionales para disciplinar a sus militantes, particularmente los legisladores con aspiraciones políticas ulteriores; y la exclusión de las boletas electorales, ahora sí definitiva, de cualquier ciudadano no militante de un partido político.
Ante su creciente desprestigio, los partidos políticos, en lugar de buscar acercarse a la ciudadanía e impulsar su democracia interna y su comunicación con el electorado, optan por blindar a sus dirigencias. Al menos esto es lo que denotan las últimas reformas en la materia y esta iniciativa que preparan los senadores priistas.
Los enredos de Cordero
Orlando Delgado Selley
Ernesto Cordero, titular de la SHCP.
MÉXICO, D.F., 25 de febrero (apro).- Con la desvergüenza normal de este gobierno, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, ha escandalizado al país. Las declaraciones del lunes pasado, corregidas ese mismo día y vueltas a corregir varias veces durante todo el martes, ilustran la manera en la que los altos niveles del gobierno entienden sus responsabilidades y cómo conciben la rendición de cuentas. Cordero se apresuró a festejar que la economía mexicana creció 5.5% durante 2010. El Inegi, incluso, declaró ufano que era el aumento del PIB más alto de los últimos quince años.
En efecto, después de una brutal contracción del PIB en 2009 del orden de 6.5%, una de las más profundas en el mundo, la economía rebotó como ocurre casi siempre luego de caídas significativas. El dato duro, sin embargo, no es que hubiéramos crecido 5.5%, sino que con ese repunte de la economía no se lograron recuperar los niveles que teníamos en 2008. Así que, en lugar de festinar una cifra de 5.5%, el gobierno tendría que dar explicaciones por el mal desempeño económico y por los malos resultados de sus políticas.
Pero lo peor no fue que en el gobierno estén satisfechos con lo que es evidentemente insatisfactorio. Lo peor fue que, además, Cordero tuvo la ocurrencia de plantearse demostrar que estamos bien. Lo hizo a partir de datos de la distribución del ingreso y del PIB por habitante, aunque reconoció que “la percepción de bienestar aún no permea entre la población”. Esto ocurre debido a que -pretendió explicarnos el secretario-, “los mexicanos somos los más exigentes con respecto a lo que nos gustaría”.
Así que, decidido a modificar las percepciones, procedió a explicar y, como era previsible, se hizo bolas. Todos los espacios informativos del país dieron cuenta de su ya célebre y ridícula sentencia de que a muchas familias mexicanas, “luchonas” que son, un ingreso de seis mil pesos mensuales, les basta para tener casa, auto y escuela privada para sus hijos.
En sus enredos, sin embargo, Cordero dejó ver claramente su opinión y la del gobierno sobre la distribución del ingreso en México. La información para conocer esta distribución procede de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, la famosa ENIGH, que se levanta cada dos años. La última publicada corresponde a 2008, antes de la contracción. Cordero señaló que la recuperación ya se traduce en el bienestar, pues familias con 13 mil pesos de ingreso mensual están en el decil más rico de la población.
Sería absolutamente tonto pensar que con 13 mil pesos al mes alguna familia mexicana pudiera ser rica. Sin embargo, es cierto que esa familia está en el 10% de la población de mayores ingresos en el país. Ese dato hace necesario explicar cómo está compuesto ese 10% rico. Si alguien ganando 13 mil pesos está allí y el promedio de ingresos de las 2 millones 673 mil familias de ese decil es de 25 mil pesos, la pregunta obvia es ¿cuánto ganan los de los percentiles 98, 99 y 100? ¿Cuánto gana el secretario? La respuesta tendría que darla Cordero.
Una buena manera de evaluar la distribución del ingreso es comparándonos con otros países. Una medida muy utilizada en el mundo es comparar el ingreso del 20% más pobre contra el del 20% más rico. Se dispone de lo que pudiéramos denominar la meta, la menor desigualdad del mundo. En Finlandia, Bélgica, Corea del Sur y España el 20% más rico se apropia menos de 6 veces lo que se apropia el 20% más pobre. Puesto al revés esto significa que el 20% pobre se apropia del 16.6% del ingreso del 20% rico. Ese es el objetivo. Contra él tenemos que medirnos.
En México, el 20% rico se apropia 14.8 veces lo que el 20% pobre. Contra la mejor situación mundial estamos extraordinariamente lejos. Este gobierno tendría que dar cuenta de cómo encontró este indicador y lo que hizo para mejorarlo. En lugar de eso el secretario dice que con 13 mil pesos una familia está en el decil de los más ricos. Para que no parezca que se juzga comparándonos contra algo inalcanzable, veamos otros países: el 20% rico de los rusos se apropia casi 9 veces lo que el 20% pobre; en Venezuela el dato es de 9.9 veces; en Argentina es de 14.7 veces, casi igual al nuestro y en Brasil es de 19.6 veces.
De modo que en América Latina no estamos entre los países con peor cociente entre el 20% rico y el pobre, pero ni siquiera en América Latina somos los menos desiguales. Otra comparación de desigualdad es la proporción del ingreso nacional de la que se apropia el 10% más rico.
Las familias que se ubican en el decil más rico en México se apropian del 41.3% del ingreso nacional. En Venezuela se apropiaron del 32.7, en Uruguay del 35.5, en Perú del 38.4, en Costa Rica del 38.6, en Argentina del 36.1, en Bolivia del 45.3, en Brasil del 43, en Chile del 41.7 y en Colombia del 45.9% del ingreso nacional. La comparación es menos favorable que la anterior, lo que indica que la concentración del ingreso en la cúspide es muy fuerte.
Una tercera comparación es en que proporción participa el 20% más pobre del ingreso nacional. Este último indicador esta disponible en el sitio del Banco Mundial. El porcentaje promedio de participación del 20% más pobre en el ingreso nacional entre los años 1997-2007 más alto del mundo es Japón con el 10.6%, en los países escandinavos el dato es 9.6% para Finlandia y Noruega, 9.1 para Suecia y 8.3 para Dinamarca.
Otros países europeos tienen también una participación del 20% más pobre encomiable: Bélgica con 8.5, Holanda con 7.6, Francia con 7.2, España con 7%.
En América Latina, en los países de mayor tamaño, los más pobres participan en mayor medida en Venezuela con el 4.9%, luego en México con el 4.6%, Chile con 4.1, Argentina con 3.4 y Brasil con 3%. Recordamos que se trata del período 1990-2007. Información más reciente pudiera alterar algo esos porcentajes.
Comparándonos con base en esta información, tendríamos que frente a los países más igualitarios nuestro 20% más pobre tendría que duplicar sus ingresos para estar en los mejores niveles. Comparado con España y Francia, países latinos, la distancia sigue siendo importante.
En América Latina, de nuevo, parece que nos va mejor aunque, repetimos, no somos los mejores. En resumen, el bienestar está lejos de haber llegado a las familias mexicanas. Lo estaba en los buenos tiempos. Pero ese bienestar está aun más lejos en éstos que son, aunque le pese al secretario y a su jefe, malos tiempos.
RIQUEZA, BANCA E INSTITUCIONES
RIQUEZA, BANCA E INSTITUCIONES (Segunda parte)
Ricardo Valenzuela
Uno de los pilares de economías vibrantes y actor estrella en la creación de riqueza, debe ser un sistema bancario sano y profesional. Para que ese fenómeno suceda, debe existir un marco jurídico y macroeconómico que promueva su desarrollo.
Las cuatro piedras en el cuello de los países ya enumeradas, han sido la camisa de fuerza del sector financiero. Si los derechos de propiedad son nebulosos, los demandantes de crédito no tienen garantías para allegarse capital. Si los contratos no son respetados, los bancos prestan solo a individuos y empresas que confían pagarán pero por razones ajenas a una obligación contractual. Esto ha desembocado en el llamado “círculo exclusivo de préstamos” sirviendo a los dueños de los bancos, gobierno y a los políticamente conectados. La búsqueda de rentas y subsidios al riesgo, produce un sector de usuarios de crédito protegidos que los bancos abrazan para evitar problemas.
Una situación aun más grave emerge cuando los bancos son capturados por empresarios estatistas para usarlos como medio de canalizar subsidios gubernamentales a sus otras empresas. Los banqueros pueden recibir depósitos a intereses bajos y hacer préstamos a firmas a tipos más altos, o simplemente préstamos a sus negocios a tipos risibles transfiriendo las ganancias del banco a esas empresas.
Producto de las liberaciones en época reciente, se ha fortalecido el fatal capitalismo crony. Los gobiernos hacen mucho más que ofrecer monopolios a los banqueros favorecidos. Los equipan con garantías sobre los depósitos, lo que permite a los bancos recibirlos sin riesgo y a tipos de interés no acorde a la salud del banco. Este es un costoso camino de canalizar recursos puesto que el subsidio se incrementa al ritmo que la salud del banco se deteriora.
Los bancos que son prudentes cuando su situación es saludable, al iniciar la ruta de la insolvencia se convierten en kamikazes doblando sus apuestas en un “va mi resto.” Bancos ya desahuciados continúan recibiendo depósitos “garantizados” y proceden a usar estrategias de resurrección apostando todo o nada—que provocan el sistema arrecie su caída libre (México 1994 y Asia 1996). La crisis de 1995 en México levantó las faldas a un sistema condenado a morir desde su renacimiento.
Este manejo irresponsable ha producido graves problemas cuando bancos colapsan. Sin embargo, en épocas recientes hemos atestiguado un nuevo fenómeno. Tradicionalmente estos colapsos nunca averiaban países en más de un 3% de su PIB. En los últimos 20 años hemos observado masacres produciendo pérdidas de más del 10% de su PIB y tenemos casos en los cuales han superado el 20%. La lista la conforman nuestro México, Tailandia, Indonesia, Corea y Japón. Los EU ya caminan ese laberinto.
En regiones feudales del mundo (Libia, Egipto, Venezuela), la riqueza de las elites es insultante en relación al valor de sus sistemas financieros. Eso ha permitido que acaparen los bancos y la influencia política que los acompaña. Controlan también conglomerados de otros negocios usando los bancos como sus cajas chicas. Estos grupos coexisten en una enfermiza relación con los gobiernos ayudando a los políticos para mantenerlos en el poder, a cambio de favoritismo y proteccionismo de la pandilla.
El caso de México es especial. Es muy interesante el analizar las verdaderas causas de la expropiación bancaria de López Portillo. Fue simplemente una reacción irresponsable en contra del mercado de un hombre intoxicado de poder en un país sin instituciones. Los bancos eran sólo el conducto de los mercados para exponer su desacuerdo con el Presidente. La expropiación de la banca es un gran ejemplo de la falta de herramientas que protejan a los actores económicos contra esas arbitrariedades.
Ahora, el gran problema de la liberación del sistema bancario en México, es que fue liberación del bandidaje pues las utilidades fueron para los banqueros y las pérdidas para los causantes. El economista, Carlos Díaz Alejandro, escribió un ensayo titulado “Adiós a la represión financiera, Bienvenida la crisis bancaria.” Diaz previó el final del control estatal de los bancos como preludio de una nueva economía con etiqueta de un moderno feudalismo, no un verdadero sistema de competencia y promoción del desarrollo.
A medida que los mercados armados de tecnología avanzan, su creativa destrucción desactivará los brazos más fuertes del viejo establishment; la mafiosa relación entre banqueros y gobierno, banqueros y empresarios estatistas, banqueros y sus conglomerados de empresas nacidas a la sombra de ese cronismo.
Los bancos entonces tendrán que operar acorde a las señales del mercado y no de los acuerdos que siempre los han controlado. Su comportamiento empezará a ser regido por la información que proporciona el mercado de riesgo y la competencia. Los mercados no esconden información o dejan de actuar por miedo de ser despedidos, demandados o asesinados, tampoco pueden ser sobornados ni amenazados para permanecer en silencio.
Pero tenemos un problema. México permanece entre los países que no ofrecen el cuadro de libertad económica para convertirlo en imán para las inversiones, donde los bancos pueden ampliar sus formas de operación. Igualmente continua sin ofrecer ese marco legal que proteja derechos de propiedad, el cumplimiento expedito de los contratos sin que las demandas de pago naveguen eternamente en ese mar de la burocracia y corrupción. La violencia que azota a México, tarde o temprano se resolverá, pero los bancos e inversionistas internacionales no jamás buscarán nido en México sin ese marco legal de libertad y protección.
La gran alternativa para nuestro país es el establecimiento de ciudades libres en donde el marco legal funciona, al igual que en Dubái o Singapur, a base de acuerdos internacionales de arbitraje. Es decir, oasis de libertad y estado de derecho en medio del caos que representan países como Venezuela. Hugo Chávez trató de expropiar a Cemex pero, bajo acuerdos internacionales de arbitraje, sin tener que acudir al corrupto sistema legal venezolano le ha ganado la batalla al tirano sentando un precedente realmente interesante. Ahora Chávez debe regresar lo expropiado y si no lo hace, Cemex puede embargar los activos de Venezuela en cualquier parte del mundo.
Sabemos que es prácticamente imposible transformar el país como un todo. Pero podemos hacerlo construyendo oasis de libertad y estado de derecho que sirvan como ejemplo para el resto. ¿Por qué no sembrar varios Singapur en la geografía nacional? Singapur, de ser el burdel del oriente, se convirtió en un centro financiero internacional a la altura de Londres y Nueva York ¿Imposible? Si los mexicanos no somos capaces de soñar y, sobre todo, hacer sueños realidades, pues mejor le entregamos el país al narco.
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Recula Sócrates Rizzo
Recula Sócrates Rizzo: priistas nunca pactaron con el narco
Los gobernadores y alcaldes guardaban lealtad y disciplina al Presidente, indica.
México.- Sócrates Rizzo, ex gobernador de Nuevo León, se desdijo de que los gobiernos priistas federales y estatales pactaron con el narcotráfico para determinar las rutas de trasiego de droga y evitar así la violencia generada por los enfrentamientos entre cárteles.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, comentó que sus argumentos se enfocaron en que existían grandes acuerdos políticos nacionales en los que gobernadores y alcaldes guardaban total lealtad y disciplina al Presidente de la República.
Dijo que había una política nacional en el combate contra la delincuencia y que esa fortaleza permitía blindar y proteger a los ciudadanos de los efectos colaterales del trasiego de droga.
Al ahondar sobre sus comentarios en la Universidad Autónoma de Coahuila, Rizzo explicó que lo que controlaban los gobiernos priistas era que el narcotráfico no perturbara la paz social.
“De alguna manera se tenía resuelto que el tráfico de drogas no creara más problemas. En pocas palabras se lograba un blindaje de seguridad al ciudadano basado en la fuerza unificada de todos los órdenes de gobierno, no en acuerdos con la delincuencia”, intentó aclarar.
Indicó que al hablar de “los grandes acuerdos, quizá es ahí donde se distorsiona la cosa”, se refirió a pactos de la clase política y la sociedad que sustentaban gobiernos presidenciales muy fuertes. “Que se traduce en que para efectos prácticos teníamos una política de seguridad unificada, casi como una policía nacional”.
Rizzo destacó que tanto la Procuraduría General de la República como las procuradurías estatales y policías locales “marchaban al mismo ritmo” y evitaban que se generaran daños colaterales como los que ocurren en la actualidad.
“Para combatir los efectos colaterales, y en esto me refiero a evitar robos de carros, secuestros, robo de bancos, extorsiones, derecho de peso, porque eso no había debido a una acción coordinada, sí decía algo la PGR, el mismo tono cantaba y hablaba la procuraduría estatal y la policía estatal, ese era el gran acuerdo nacional, no acuerdo con los maleantes”.
Inclusive comentó que el presidente municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Fernández, llegó a plantear una negociación con criminales, lo cual, agregó, es imposible.
El miércoles el ex gobernador ofreció una conferencia ante estudiantes en Coahuila, en la que versiones indican que señaló que la violencia del crimen organizado surgió “cuando desaparecieron los acuerdos de los gobiernos federales priistas con el narcotráfico”.
Según los reportes de prensa, Rizzo se desmarcó de ese “control” porque entonces había autoritarismo y “todo se decidía desde la capital y los gobernadores eran menos independientes”.
“No es así”: Moreira
El presidente electo del PRI, Humberto Moreira, dijo “garantizar que no es así, en lo que conozco, no tiene nada que ver con eso”, sobre el supuesto de que los gobiernos emanados de ese partido pactaron con el narco para mantener la estabilidad.
Moreira ilustró la situación de México con su partido y Acción Nacional: “Cuando estaba el PRI, se detuvo a (Joaquín Guzmán Loera) El Chapo; cuando llegó el PAN, se escapó El Chapo”.
Destacó que los votantes saben que es tiempo de que a la conducción del gobierno “regresen los que sí pueden, que somos los del PRI”.
El Presidente: entre la polarización y la armonía
El Presidente: entre la polarización y la armonía
Paralaje
Liébano Sáenz
Felipe Calderón es el principal factor para el entendimiento nacional y tiene la responsabilidad de recuperar la armonía, por lo que es necesario mantenerse ajeno a la disputa política. No por ello debe renunciar a su identidad y afinidades ideológicas, pero su lugar, insustituible, es el de jefe de Estado, representante de todos los mexicanos. Los problemas del país así lo exigen.
Frente a los graves problemas que vive el país por la inseguridad, llama la atención la inclinación de los políticos por la confrontación y la polarización. El debate sobre las alianzas ha modificado el mapa del acuerdo nacional al distanciar al Presidente con el PRI, el partido con mayor presencia en gobiernos locales y en la Cámara de Diputados. La agenda electoral de 2010 y de lo que va de 2011 se ha desahogado con normalidad, como lo corroboran las resoluciones del Tribunal Electoral; sin embargo, el país se ha polarizado en lo político, a la vez que el tema de la inseguridad genera preocupantes efectos.
El asesinato de candidatos y funcionarios electos, así como el homicidio del agente norteamericano Jaime Zapata, aunado al incremento en los delitos de alto impacto en varias regiones del país, plantean un escenario complicado para todos los órdenes de autoridad, no sólo al Presidente y su partido. No es momento de desgarrarse las vestiduras, tampoco de regatear colaboración o de trasladar a terceros o al pasado culpas o responsabilidades; existe necesidad básica de la unidad de las instituciones de la República en torno al Presidente, jefe del Estado mexicano.
Por su parte, el presidente Calderón está llamado para actuar y participar de este esfuerzo; impedir que la pasión y los intereses propios de la disputa política anulen la determinación de las autoridades para hacer frente a los problemas y desafíos en puerta, especialmente, el de la seguridad. La relación bilateral con EU se ha tensado; ha sido muy negativo el efecto de los comunicados oficiales revelados por WikiLeaks. Hubiera sido deseable un entendimiento que atenuara diferencias y agravios. Es muy importante que la clase política y el conjunto del país respalde al jefe de Estado en un momento difícil de la relación bilateral. Sin embargo, el Presidente también debe ser facilitador de esta actitud, especialmente acreditando su compromiso por la unidad nacional y por un sentido del ejercicio del poder con fundamento en el interés general.
La presión electoral irá en incremento. Lamentablemente, la elección del Estado de México se ha extrapolado a escala nacional. Votarán los ciudadanos mexiquenses, sólo a ellos corresponde la decisión final sobre la renovación del Ejecutivo local. Una sucesión presidencial anticipada ha llevado al PAN y al PRD a intentar descarrilar el proyecto del político con mayor respaldo en la competencia de 2012. Están en su derecho, no así llevar al país a la confrontación y a hacer de la contienda un ejercicio de tierra y lodo. Tampoco las autoridades, mucho menos las federales, deben participar de una elección que, insisto, sólo compete a los ciudadanos del Estado de México.
Las alianzas han tenido un efecto negativo en el consenso nacional. Derrotar al adversario a toda costa, incluso del proyecto propio, ha tenido efectos nefastos para la política nacional. Los partidos que las han promovido se han debilitado en extremo y es discutible que las autoridades que han llevado al poder les representen por el sentido de las decisiones que están tomando. En el caso particular del Estado de México, el insistir en las alianzas ha llevado al PRD a su peor crisis; los cuestionamientos no sólo vienen de sus dos excandidatos presidenciales: Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador, sino de una base de electores que, al menos en el Estado de México, está profundamente dividida en la aceptación de alianzas entre contrarios.
Para el PAN la situación es no menos preocupante. En lugar de concentrar su esfuerzo para recuperar la base electoral y representatividad que alcanzó en el pasado, ocupa su tiempo en sumar lo que quede del adversario ideológico. Sus dirigentes vuelven la vista hacia arriba y calculan hacia 2012, cuando lo fundamental está en la base electoral y en la necesidad de ganar la confianza con miras en los comicios en puerta. El PAN ha dejado de hacer política y de dar actualidad a la lucha cívica por mejorar la calidad de la democracia; ahora se ocupa de lo secundario, parece no advertir su condición de tercera fuerza en el Estado de México o de una muy disminuida circunstancia en Coahuila y Nayarit. Lo peor de todo es la apuesta a la ilegitimidad de la elección a través del descrédito de las autoridades electorales; una forma de regreso a lo peor del pasado.
El presidente Calderón tiene una muy elevada responsabilidad para recuperar la armonía política para que las elecciones de 2011 y 2012 se desarrollen en normalidad. Debe quedar claro que el poder presidencial no da para definir candidaturas o resultados electorales; la exitosa historia personal del presidente Calderón así lo consigna. Por ello es fundamental que desde la Presidencia se aliente un sentido de concordia y entendimiento que permita que la lucha por el poder tenga lugar a través de las reglas y de los canales propios de la democracia. El debate, las diferencias y las críticas son consustanciales a la pluralidad del país y del régimen de libertades, no así la polarización y el desencuentro en temas fundamentales para los mexicanos.
El PRI habrá de renovar dirigencia. Con Humberto Moreira arriba una nueva generación de políticos claramente diferenciados; eficaces, liberales y con una sensibilidad social que les ha permitido gobernar en condiciones de un amplio consenso. El PAN, al momento de decidir su futuro, dejó pasar la oportunidad para transitar por un camino semejante y de muy poco ha servido la renovación de sus cuadros dirigentes. El PRD también habrá de designar nuevos dirigentes, ocurrirá en un entorno de división profunda que compromete en sus fundamentos la identidad del proyecto político que le dio origen.
El Presidente es el principal factor para la armonía nacional. Para ello será necesario mantenerse ajeno a la disputa política. No por ello deberá renunciar a su identidad y afinidades ideológicas y políticas, pero su lugar, insustituible, es el de jefe de Estado, representante de todos los mexicanos. La circunstancia y los problemas del país así lo exigen.
El carnicero de Libia
El carnicero de Libia
Libia
By ADOLFO RIVERO CARO
El mundo entero contempla con espanto la sangrienta represión contra el pueblo libio desatada por Muamar El Gadafi. La situación de los partidarios de Kadafi es tan desesperada que 17 pilotos de la Fuerza Aérea de Libia han sido ejecutados en Trípoli tras negarse a bombardear barrios en poder de los rebeldes de la ciudad de Zauia, a 44 kilómetros de la capital, según fuentes libias relacionadas con el Ejército.
En Bengasi, la segunda ciudad del país y principal bastión de la protesta, los manifestantes han tomado por completo el poder, según han podido comprobar reporteros de Reuters. Miles de personas ocupan las calles de esta localidad, situada 1,200 kilómetros al este de la capital, Trípoli, y festejan el fin del poder de Gadafi. El pasado lunes, ha explicado un abogado que secunda las protestas, un comité de seguridad formado por civiles arrestó a 36 mercenarios contratados por el régimen para aniquilar a los manifestantes. Es uno de los autodenominados ``comités populares'' con los que los ciudadanos del este de Libia están intentando organizar la vida pública.
Un médico francés que ha logrado salir de Libia ha declarado a France Presse que el primer día de revueltas en Bengasi, el 15 febrero, contó en el hospital hasta 75 víctimas mortales. La cifra, según su relato, no dejó de crecer día tras día y, en las jornadas más duras, alcanzó el medio millar. ``Creo que en total puede haber más de 2,000 muertos'', ha asegurado Gérard Buffet, que ha trabajado como médico en la segunda ciudad libia el último año y medio. La Federación Internacional de Derechos Humanos, que agrupa a más de un centenar de organizaciones, ha constatado ya al menos 640 muertos en la zona. De estos, 130 son militares ejecutados por sus militares por negarse a cumplir órdenes.
La situación de Bengasi es similar a la del resto de ciudades. Testigos y periodistas que han logrado entrar en el país por Egipto confirman que la ciudad fronteriza de Musaid está también en manos de los manifestantes. Lo mismo pasa, avanzando 150 kilómetros hacia el oeste, en Tobruk, un puerto estratégico en el distrito más próximo a Egipto. Los militares decidieron apoyar allí las protestas y este miércoles, por primera vez, se han visto imágenes en directo de una manifestación anti-Gadafi porque han podido entrar cadenas internacionales de televisión.
Gadafi tiene ocho hijos biológicos y dos adoptivos. Saïf al-Islam Gadafi, el segundo hijo y su presunto heredero, recientemente habló por la televisión llamando a exterminar la oposición que controla gran parte del país.
Como era de esperar, Fidel Castro y Daniel Ortega han salido en defensa del carnicero de Libia. Hugo Chávez, por su parte, en el día de ayer, expresó su apoyo al dictador libio en Twitter. ``Viva Libia y su independencia! Gadafi está afrontando una guerra civil!'', expresó Chávez, que había condecorado a Gadafi en septiembre del 2009 entregándole una réplica de la espada de Simón Bolívar.
Angela Merkel, la canciller de Alemania, por su parte, amenazó a Libia con sanciones si no detenía inmediatamente la violencia y afirmó que Gadafi había prácticamente declarado la guerra contra su propio pueblo.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos fue más allá. Navi Pillay reveló que ha recibido informaciones que apuntan a que ``miles de personas pueden haber sido asesinadas o heridas'' durante la represión del levantamiento popular en Libia.
La violencia con la que el gobierno está respondiendo a la rebelión civil va en aumento, dijo la alta funcionaria, que mencionó información sobre ``matanzas, detenciones arbitrarias y torturas'' de los manifestantes.
Pillay inauguró con esta denuncia una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se reúne de urgencia en Ginebra para evaluar las medidas que puede tomar ante las violaciones de los derechos humanos en Libia.
El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy ha llamado a la Unión Europea a suspender toda relación económica con Libia y adoptar sanciones debido a su ``brutal y sangrienta'' represión contra sus opositores. Su ministro de Defensa, Alain Juppé, dijo el jueves que se estaba discutiendo la posibilidad de establecer una zona de prohibición de vuelo para impedir que la aviación bombardee las ciudades controladas por los rebeldes. ``Espero de todo corazón que Gadafi esté pasando sus últimos momentos como jefe de estado'', afirmó.
Suiza, por su parte, anunció que congelaría cualquier cuenta de Gadafi o su familia.
os países de la Unión Europea se han puesto de acuerdo para imponer un embargo de armas a Libia y para congelar los bienes y prohibir los visados de entrada a Muamar el Gadafi --y miembros de su círculo más próximo--, según han indicado distintas fuentes diplomáticas. Las medidas, que incluirán también un embargo sobre el material que puede ser usado en tareas antidisturbios, serán aprobadas formalmente ``en los próximos días'', muy posiblemente en la reunión de ministros de energía del lunes 28 de febrero.
Gadafi ha contratado mercenarios africanos para asesinar a sus ciudadanos. La población está desarmada. Esto augura mal para la población. La respuesta del presidente Obama a las matanzas en Libia ha sido lenta y débil. Esperemos que tanto Estados Unidos como el resto del mundo tomen las medidas necesarias, incluyendo la intervención militar, para impedir el genocidio del pueblo libio.
Sicarios mueren en atentado
Sicarios mueren en atentado contra un alcalde en México
By EFE
MONTERREY
Al menos tres pistoleros murieron el viernes en un atentado que ellos mismos y otros sujetos armados lanzaron contra Jaime Rodríguez Calderón, alcalde del municipio de García, en el estado de Nuevo León (norte de México), informaron fuentes municipales.
``Me dirigía a un evento en mi camioneta cuando el chófer me avisó que nos venían persiguiendo hombres armados'', explicó el alcalde de la localidad a periodistas tras los hechos, ocurridos alrededor de las 12.30 hora local (18.30 GMT).
El mandatario local, que resultó ileso, iba escoltado en un vehículo blindado desde el que se percataron de que un grupo de sujetos con armas largas les perseguía, mismos que comenzaron a dispararles. Los escoltas repelieron la agresión entre las avenidas Libramiento Noreste y Abraham Lincoln, a la altura del barrio Las Lomas, una acción que dejó las tres víctimas aún sin identificar.
En el lugar de los hechos hay tres vehículos dañados y se ha puesto en marcha un amplio despliegue policial y militar por tierra, que es apoyado desde el aire con helicópteros.
Rodríguez Calderón, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presume como primera hipótesis de los hechos que tras ellos podrían estar agentes de la Policía local que trabajan al servicio de la organización criminal de Los Zetas, una de las más activas en el noreste del país.
García es un municipio de la zona metropolitana de Monterrey que se ubica a unos 27 kilómetros del centro de la capital del norteño estado de Nuevo León.
Horas antes del atentado, de madrugada, un grupo de sujetos armados intercambió disparos con policías en las inmediaciones de la casa del responsable de la Policía municipal de García.
Los mismos agresores, que habían huido en un primer momento, regresaron a la localidad y dispararon contra la sede de la Policía, donde dañaron el edificio y algunas patrullas.
También en Nuevo León, dos policías, un ex jefe policíaco y cuatro presuntos pistoleros murieron en enfrentamientos. En Cadereyta militares repelieron la agresión de un grupo de sicarios, acción en la murieron cuatro pistoleros, según la Secretaría de la Defensa Nacional.
El estado de Nuevo León, fronterizo con EEUU, ha registrado en los últimos meses agresiones protagonizadas por el cártel del Golfo y Los Zetas.
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