¿Dónde está funcionaria de Praxedis, Guerrero?; versiones encontradas
Supuestamente Marisol Valles García se ausentó de su cargo por la enfermedad de su hijo.
Foto: AP
La jefe de policía, quien llamó la atención de la prensa internacional cuando aceptó ese puesto en un violento poblado fronterizo, recibió amenazas de muerte y se encuentra en Estados Unidos, dijo el viernes un defensor de los derechos humanos, en medio de especulaciones de que la mujer buscaría asilo.
El funcionario de la Comisión de Derechos Humanos del estado norteño de Chihuahua, Gustavo de la Rosa Hickerson, dijo que familiares y amigos de Marisol Valles García le dijeron que la jefe policial había recibido amenazas por teléfono el fin de semana pasado.
Un funcionario local acompañó a la policía de 20 años esta semana al puente internacional que va de El Porvenir a Fort Hancock, Texas, añadió De la Rosa Hickerson.
Medios locales han reportado que Valles García busca asilo en Estados Unidos, pero los funcionarios en el poblado chihuahuense de Praxedis G. Guerrero negaron esas versiones.
El vocero del concejo de esa localidad, José Flores, afirmó que Valles García solicitó licencia temporal en el cargo y que regresará al trabajo el lunes.
Flores y De la Rosa Hickerson dijeron que habían intentado comunicarse con Valle García desde que los rumores empezaron a circular el jueves, pero que la jefa policial no contesta su teléfono celular.
El vocero de la procuraduría de justicia de Chihuahua, Arturo Sandoval, afirmó que las autoridades no han recibido informaciones o denuncias de amenazas contra Valles García.
Valles García fue nombrada al frente de la policía de Praxedis G. Guerrero en octubre. El poblado de unos 8.500 habitantes se transformó de una tranquila comunidad agrícola a un violento pueblo sin ley. Carecía de jefe policial desde el 2009, cuando el antecesor de Valles García fue asesinado a tiros.
Dos cárteles narcotraficantes rivales, el de Juárez y el de Sinaloa, se han disputado el control de la única carretera en la zona, la cual constituye una lucrativa ruta para transportar estupefacientes hacia la frontera con Texas.
El gobierno de Estados Unidos no ha confirmado ni negado la presencia de la joven funcionaria en su territorio.
Hallan 3 cabezas humanas en un túnel
Hallan 3 cabezas humanas en un túnel de Acapulco
Las autoridades también hallaron un mensaje amenazante.
Foto: A
Las bolsas con las cabezas de hombres fueron encontradas en las afueras del túnel que conecta el puerto con las afueras de la localidad, informó en un parte policial la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Guerrero, estado en el que se localiza Acapulco.
En el lugar se encontró un mensaje escrito en el que se advertía que las decapitaciones se habían hecho en represalia por el asesinato de un hombre durante un intento de secuestro.
En otro hecho, la SSP también reportó que un grupo armado disparó contra las instalaciones de una comandancia policial de Acapulco el domingo. Un agente resultó lesionado
Mueren siete policías y tres sicarios
Mueren siete policías y tres sicarios en dos ataques en el noroeste de México
En Ciudad Juárez también se vivió una jornada violenta este fin de semana.
Foto: AP
En el primero de los tiroteos fallecieron dos de los atacantes, uno resultó herido y otros dos fueron arrestados en el poblado Bateve del municipio del Fuerte, donde varios hombres armados que viajaban en 10 camionetas intentaron emboscar a militares que vigilaban la zona y que repelieron la agresión, según el diario El Universal.
Tras este hecho los soldados lograron asegurar cuatro armas de fuego, tres granadas de fragmentación, un lanza granadas, 28 cargadores abastecidos, 128 cartuchos útiles, dos camionetas con reporte de robo, vestimenta tipo militar, botas y equipos de intercomunicación.
Al parecer, cuando la policía trasladaba a los dos sicarios detenidos a la capital del estado, Culiacán, fueron sorprendidos sobre las 15.00 horas (20.00 GMT) por un comando integrado por una treintena de personas que viajaban en varias camionetas blindadas.
En este segundo ataque contra elementos de la Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión, fallecieron siete jóvenes agentes y uno de los detenidos, y resultaron heridos otros cinco policías y el otro arrestado.
Los heridos fueron ingresados en una clínica de Guasave que está siendo vigilada por el Ejército mexicano, según la edición digital de El Sol de Mazatlán.
Tras ambos sucesos se estableció un fuerte dispositivo de seguridad por tierra y aire para intentar detener a los sicarios que incluyó diversos registros en viviendas de los alrededores.
La desvergüenza de Beatriz.
La desvergüenza de Beatriz.
La primera conmoción nacional por los secuestros ocurrió a mediados de los 90, con los casos Harp, Vargas, Losada, Senderos. México estaba gobernado por el PRI. Los guaruras se centuplicaron.
Cuando en 1994 y 1995 las bandas de secuestradores de La Víbora, Los Aparicio, Los Tlaycas tomaron Morelos, la entidad era gobernada por el priista Jorge Carrillo Olea, un especialista en seguridad. Quedó registro de la complicidad entre criminales y policías. El director de la Policía Judicial morelense era una leyenda policiaca del PRI: el capitán Jesús Miyazawa.
El apogeo de los cárteles de la droga en Jalisco comprendió también el periodo del gobernador priista Enrique Álvarez del Castillo, a quien luego el priista Carlos Salinas de Gortari nombró Procurador General de la República.
El auge de los cárteles y el crimen en Sinaloa se dio entre gobernadores priistas: Antonio Toledo Corro, Francisco Labastida, Renato Vega.
Con el argumento de que poco pueden hacer con la migración, los municipios conurbados del Estado de México han sido desde el priista Carlos Hank González hasta el priista Enrique Peña Nieto, zona franca para delincuentes grandes y pequeños.
Chihuahua es hoy la entidad más violenta del país. El PRI la gobierna desde hace diez años. Ni qué decir de Tamaulipas, Coahuila, Durango, Oaxaca...
Con una desvergüenza del tamaño de la desgracia, la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, culpó a los "otros" por la presente tragedia de la inseguridad. Y perfiló a su partido como el único que en el futuro puede encararla y doblarla. Su partido, el de Cosío Vidaurri, Cavazos Lerma, Yarrington y Montiel.
Desvergüenza: dicho o hecho impúdico o insolente.
Desvergüenza, la de Beatriz. Y la del PRI: la opción de la experiencia !!!
A ESTO LE LLAMO DESCARO Y CINISMO......
Y ¿ a éstos elegiremos para que nos vuelvan a gobernar...??? Pobre México, pobre República, Sólo un país tercermundista reelige a sus dictadores....
Ya vemos a Salinas frotándose las manos detrás de su niño bonito Peña Nieto, de los Mexicanos depende, .....y probablemente nos lo merezcamos por apáticos, sin civismo ni amor a esta tierra......
TRISTE REALIDAD DE NUESTRO MÉXICO.
Más competencia y menos injerencia
Godofredo Rivera
Ya están otra vez los estatólatras (algunos periodistas, analistas y académicos) aullando por que el gobierno no interviene en el conflicto de los oligopolios de Telmex, TV Azteca y Televisa. También chillan por que el gobierno se ha quedado de “brazos cruzados” en la quiebra y conflicto laboral de Mexicana de Aviación.
Los hay de todo, los que quieren que la autoridad intervenga para sólo dirimir en el conflicto, hasta los más trasnochados estatistas que quisieran que el gobierno interviniera expropiando a todas estas empresas para ejercer “la verdadera rectoría del Estado.” Cómo extrañan a Jolopo estos trasnochados estatólatras.
Antes de proseguir con sus llantos estatistas, les recuerdo un pequeño detalle. Todos estos conflictos se deben a lo contrario, se deben precisamente a la mismísima intervención gubernamental.
Remontémonos un poco al pasado priísta. Ellos terminaron de “perfeccionar” a la constitución socialista de 1917. En el artículo 28 de la Constitución (un artículo que además soporta jurídicamente a los nefastos controles de precios) se señala que en México están prohibidos los monopolios excepto los del Estado en materia de “correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear, electricidad; la comunicación vía satélite y los ferrocarriles”. Este artículo además otorga una tremenda discrecionalidad al Estado para “concesionar” al sector privado aquellas actividades económicas que considere de “vital importancia” para el “desarrollo nacional” (¿?).
Hasta donde sé toda actividad económica que no cause externalidades negativas a otros es importantes para la economía. Eso de “Desarrollo Nacional”, “Plan Nacional de Desarrollo”, son terminejos usados por los socialistas que han redactado la Constitución y que no entienden nada de competencia económica y libertad individual.
Precisamente durante muchas décadas éste artículo constitucional socialista ha dado pie para que el gobierno se convierta en un tremendo interventor de la economía, en un monopolio descomunal de diversas actividades económicas. Esto también ha traído como consecuencia que surjan otros monopolios descomunales y nefastos en el área sindical como educación, salud y petróleo.
De aquí se desprende ese enorme pulpo gubernamental que ha poseído en la historia de México, además de lo arriba citado, líneas aéreas, bancos (a los mercados de capital de milagro no los han expropiado, aunque en el pasado priísta si hubo amenazas), compañías mineras, empresas de telefonía fija, canales de televisión y periódicos, amplias redes de transporte, aeropuertos y puertos marítimos, vaya, hasta estadios y equipos de fútbol.
Luego, claro, la crisis inevitable de todo gobierno estatista, empresas quebradas por manejarse con criterio político, endeudamiento descomunal, inflación y devaluación desastrosa de la moneda. Y luego, también claro, a corregir y privatizar empresas quebradas. Sí, la vieja historia que conocemos los mexicanos.
Aquí empiezan los problemas otra vez. La historia nos ha enseñado que privatizar sin un adecuado marco normativo que promueva ampliamente la competencia, es un error fatal.
Las privatizaciones exitosas (que las hay aunque las nieguen los estatistas) se han basado en un entorno legal que para empezar desaparece esa figura socialista llamada “concesión”, un marco y entorno legal que garantiza la plena concurrencia de competidores a los mercados. La propiedad privada es un derecho natural del ser humano, no una concesión del gobernante. Las privatizaciones exitosas se han hecho sobre la base de garantizar el libre acceso de cualquier empresa a cualquier industria.
¿Qué ha pasado en México con algunas privatizaciones? Se han convertido en oligopolios todo poderosos que se amparan para evitar a toda costa la entrada de cualquier nuevo competidor al mercado. En éste momento Televisa y Azteca chillan por las altas tarifas de interconexión que les cobra Telmex (están ya en el negocio de la telefonía móvil, y se ven afectado cuando se interconecta un teléfono móvil con uno fijo) pero dicho abuso fue resultado del marco legal con que se privatizó Telmex, al que se le dio el monopolio exclusivo en toda la construcción de la red telefónica.
A los señores de la televisión ya se les olvida que su nacimiento tuvo el mismo origen. El de Televisa, producto de los viejos gobiernos priístas que le concesionaron el servicio a cambio de ser un total lacayo y jamás señalar los errores ó abusos del poder gubernamental. En el caso de Azteca, su privatización fue acompañada con la garantía de ser el único competidor privado de Televisa. Ambas televisoras (duopolio) cobran tarifas por anunciarse en televisión que son de las más altas del mundo. El mismo defecto que le señalan a Telmex con sus tarifas abusivas de interconexión.
No, definitivo, para que los mercados y el sistema de precios operen bien tiene que haber un marco legal previo que garantice plenamente los derechos privados de propiedad y la soberanía del consumidor que sólo se da mediante la apertura total de todos los mercados a la competencia.
El gobierno debe limitarse a que se respeten las reglas, los contratos, nada más. Fijar tarifas entre privados (y hoy con el desarrollo tecnológico quedan cada vez más obsoletos los llamados monopolios naturales enseñados en los libritos viejitos de economía), es solución mediocre y no debe ser parte de la tarea del gobierno.
Los legisladores, si quieren garantizar verdadera competencia en los mercados deben cambiar las leyes, modificar los socialistas artículos 25,26, 27 y 28 que le dan poderes omnipresentes al gobierno sobre los gobernados. Desaparecer la figura de la concesión de medios de comunicación (esta figura se vuelve perversa en una dictadura, pues es el tirano el que decide quién entra al mercado y quién sale-no le renuevan concesión ó peor aún se la revocan- si lo critica, como hoy sucede con el tirano venezolano Hugo Chávez) es una primer tarea fundamental.
Si no modernizamos nuestro marco legal de competencia, seguiremos viendo los pleitos y amparos de los oligopolios. Peor aún, si llega al poder un político mesiánico (como pudo haber sido el peje), tiene toda la infraestructura jurídica para pasar del actual modelo oligopólico de los distintos sectores de la economía mexicana, a uno de monopolio estatal, esquema ineficiente y peor al del oligopolio privado (qué horror, los mexicanos no debemos ver nuevamente ésta película que ya sabemos en el desastre en que termina).
Más competencia y menos injerencia gubernamental es la salida a los pleitos de los oligopolios. No lo olviden señores políticos.
Romper inercias
Romper inercias
Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, Ezra Shabot Askenazi estudió en la Universidad Nacional Autónoma d...
México es un país que se mueve inercialmente desde hace muchos años. La falta de un acuerdo político que establezca las bases generales de un proyecto común de desarrollo económico ha llevado a los distintos gobiernos y grupos de poder económico a buscar sobrevivir y aprovechar los errores de los competidores para obtener mejores posiciones en un país que se mueve lentamente. El sistema de privilegios heredado del régimen de la Revolución Mexicana, sigue siendo un obstáculo real para el avance del país. Desde el duopolio televisivo y la limitada competencia en televisión restringida, pasando por el cerrado mercado telefónico y de internet, hasta llegar a los sindicatos de Estado que siguen viviendo a expensas del erario público, todos y cada uno de estos grupos de poder quieren mantener sus privilegios proteccionistas, pero al mismo tiempo entrar en el mercado del otro privilegiado.
De esta manera, Televisa intenta encontrar la fórmula para ampliar su mercado en la telefonía y sus diferentes variables, impidiendo en forma simultánea la entrada de Telmex en el espacio televisivo. Lo mismo hace Telmex en su intento por mantener tarifas de interconexión acordes a su interés empresarial, pero demandando su derecho a participar en una eventual tercera cadena de televisión abierta. Esto se reproduce una y otra vez en distintos espacios y con diferentes grupos de poder. Ni la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ni la de Competencia Económica, han tenido la fuerza legal y política para actuar como instancia de un Estado que vela por el interés general, y negocia un acuerdo con los particulares.
Es esta situación muy parecida a la que se vive en el Congreso, en donde el principio de negociación, que implica el ceder algo a cambio de obtener determinado beneficio, no opera por la falta de madurez de una clase política miope interesada únicamente en el ejercicio del poder temporal, y celosa de sus fichas para las elecciones siguientes. Este nivel de parálisis ha provocado ya la pérdida significativa de competitividad del país a nivel internacional. La inercia positiva que resuelve problemas de coyuntura, porque hasta ahora la oposición priísta y perredista se ha comportando responsablemente cuando se trata de eventos urgentes o sin costo político alguno, no es suficiente para impulsar un modelo abierto y de alta competencia que transformaría de tajo la estructura económica del país.
Lo mismo sucede en la relación con los sindicatos de Estado, principalmente en el terreno de la educación y en Pemex. En ambos casos se trata de una estructura arcaica y corporativa que no permite modificaciones de fondo que cambiarían la forma de enfrentar su realidad particular. En el ámbito de la educación hablamos de cientos de miles de maestros que no enseñan, porque no lo saben hacer, o porque su “plaza definitiva” los coloca en la comodidad de no tener que responder frente a los pobres resultados ofrecidos. Con respecto a Pemex el asunto se refiere tanto a la opacidad en el manejo de los recursos por parte del sindicato, como al hecho de que a nivel internacional, empresas petroleras obtienen iguales o mejores resultados, con menos trabajadores cuyos sueldos son mayores a los que se pagan en México precisamente por su alto nivel de eficiencia.
Romper las inercias monopólicas para hacer crecer al país y sacar a millones de mexicanos de la pobreza es un problema de voluntad política y de correr los riesgos inherentes al pago de altos costos derivados de la negativa de estos actores a perder sus privilegios heredados del pasado. Mantener la inercia nos llevará necesariamente a ahondar el atraso en que vivimos, agudizando los problemas sociales y enfrentando crisis cada vez más difíciles y costosas de resolver. Si este gobierno no quiere o no puede ser el árbitro que dicte las nuevas reglas de convivencia económica, entonces habrá que esperar que en el 2012 la nueva administración tome este tema como prioridad nacional.
Ya suenan los aspirantes para relevar al titular de la PGR
Ya suenan los aspirantes para relevar al titular de la PGR
Bajo reserva es elaborada con aportaciones de periodistas y colaboradores de EL UNIVERSAL previamente verificadas....
EN LA PGR se avecina el momento para el relevo de Arturo Chávez Chávez, el hombre que nunca quiso ser procurador. Entre los aspirantes destaca Marisela Morales, primera mujer titular de la Siedo, esto es, se halla al frente del combate al crimen organizado en el país. Su compromiso y valor es reconocido fuera y dentro de México. También es mencionado Juan Miguel Alcántara, actualmente al frente del Sistema Nacional de Seguridad; un abogado panista que por eso mismo podría ser objetado en el Senado, el cual debe ratificar eventualmente la designación.
EL PLEITO entre televisoras y el Grupo Carso, del ingeniero Carlos Slim, estallado en una coyuntura política delicada, exhibe ya tal encono que —especialmente desde los señores de la pantalla— parecen surgir señales hacia otros actores en el sentido de que “estás conmigo o contra mí”, lo que podría atraer nuevos costos para las partes. Lo que nadie sabe es dónde está la autoridad que debe poner orden en este campo, lo mismo el frívolo Mony de Swaan, presidente de Cofetel, que el nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, al que se reporta encerrado a piedra y lodo.
LA CRISIS en la no-relación entre el gobierno del presidente Felipe Calderón y el embajador estadounidense Carlos Pascual deja sólo dos caminos, a decir del medio diplomático: o México tiende la mano al hombre de Washington, con la idea de que pueda acabar siendo un aliado de la agenda binacional, o se sienta a esperar que más temprano que tarde la Casa Blanca acepte que ningún hombre es más importante que sus intereses en el extranjero, y lleve a Carlos Pascual de regreso.
EN EL EDOMEX la teoría del “todos quietos” que tan bien le ha resultado al gobernador Enrique Peña Nieto, impide todavía que alguno de los cinco señalados como aspirantes a sucederlo en su partido se manifieste, contra lo que aquí dijimos en el sentido de que el alcalde de Huixquilucan, Alfredo del Mazo, estaba listo para separarse del cargo. Ahora la señal parece ser que todos esperen el límite previsto en la Constitución estatal, que marca la fecha del 4 de abril para que dejen sus puestos públicos todos aquellos con aspiraciones a ser designados candidatos. Al parecer la regla del juego será que esta disposición no sólo implique a Del Mazo y a Eruviel Ávila, alcalde de Ecatepec, sino también a los legisladores Luis Videgaray y Ernesto Némer.
EN PUEBLA el nuevo gobernador, Rafael Moreno Valle, ha empezado a sortear bien las bombas de profundidad que le dejó su antecesor, el priísta Mario Marín. El mandatario aliancista avanza tanto en materia política y administrativa como de buena imagen personal. Deberá empezar pronto a corregir algunos privilegios, como el de ese empresario ligado con el aeropuerto estatal, el mismo que tiene otro negocio en una sede estatal asignada en “comodato”.
Parches y talachas
Parches y talachas
Periodista y licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Inició sus activi...
Más de Jacobo ZabludovskySe reparan toda clase de relaciones. Al menos se hace la lucha. Para eso se reunieron el jueves en Washington los presidentes de México y Estados Unidos, en un esfuerzo por recomponer los lazos entre los dos países, raspados por una serie de acontecimientos delicados que, coincidentes, se convirtieron en problema grave.
Destaca el asesinato de Jaime Zapata, agente de Inmigración de EU, primer muerto en el cumplimiento de su deber en México en los últimos 25 años. Después, funcionarios de Washington, balconeados por WikiLeaks, comentaron que mafias de narcos pueden estar ligadas con terroristas islámicos y que los traficantes podrían poner en peligro la estabilidad de México, opiniones que indignaron al presidente Felipe Calderón.
Más indignado se mostró en la entrevista con Roberto Rock en EL UNIVERSAL, al acusar al gobierno de Barack Obama de colaboración notoriamente insuficiente en la guerra contra los criminales y de no disminuir el consumo de drogas en Estados Unidos ni el tráfico de armas hacia México, creciente cada día.
Nunca en la historia (en épocas de paz) un presidente mexicano había culpado a un embajador de Estados Unidos de ignorancia y distorsión de la realidad, atribuidas a Carlos Pascual por sus informes a la Casa Blanca. El señor Pascual fue borrado del mapa de Los Pinos, se le aplicó el hielo y se le acusó de echarle mucha crema a sus tacos, ofensa que en otros tiempos justificaría una invasión. Si fuera mucha miel a sus hot cakes, sería menor injuria. No me ayudes, compadre, le dijo don Felipe al embajador. En ese panorama prebélico se dio la reunión del jueves.
Caemos en el lenguaje coloquial, al que es tan dado el presidente mexicano, para definir la reunión del jueves: se le puso un guarache a la llanta esperando que pueda rodar algún tiempo más con menos brincos. El balance favorece la imagen del señor Calderón, aunque no se hayan resuelto asuntos de fondo. Si hablamos a lo macho, lo único concreto fue el anuncio de que alcanzaron un acuerdo sobre el conflicto que lleva ¡20 años!, qué tanto es tantito, a partir del Tratado de Libre Comercio, que impide a los camiones mexicanos transportar carga en Estados Unidos. Dijo Obama: “Estoy especialmente complacido de haber encontrado una vía para resolver ese problema”. Habrá que esperar a la lectura de la letra chiquita, recordando que la mula no era terca. Fuera de eso, todavía en veremos, lo demás fueron declaraciones, o sea, que de lengua me como un taco.
El señor Calderón le advirtió al señor Obama que será difícil para él confiar en el embajador de Estados Unidos en el futuro. Obama hizo como que la Virgen le hablaba y no le dijo: “Felipe, ese es tu problema”, pero sí: “Pascual es nuestro embajador”. Punto. Ya ni llorar es bueno.
En cuanto a la posibilidad de que los agentes de Estados Unidos puedan portar armas, el presidente Calderón debería empezar por explicarnos quién les dio permiso para ejercer en México y cuántos agentes mexicanos operan en Estados Unidos, porque lo que es parejo no es chipotudo y dando y dando pájaros volando. Le dio pena decirle no a Obama, pues iba de invitado y así somos de correctos los paisanos, pero le recordó: “La ley no permite a agentes de Estados Unidos, o de cualquier otro país… portar armas”. Como una cortesía al de la casa, agregó: “Y, desde luego, estamos analizando alternativas a este tema y dialogando con el Congreso mexicano, que es a final de cuentas quien tiene la última palabra”. O sea: “Nos hablamos para comer y que nuestras secretarias nos agenden”.
Antes de la junta Calderón visitó el Washington Post y ahí le fue tan bien que Fred Hiatt, editor de la página editorial, calificó de excelente su inglés, y subrayó una crítica de Calderón a Obama al reprobar la legalización parcial de la mariguana en Estados Unidos: “…no sólo abrieron la puerta, sino que destruyeron la percepción de los peligros que representa la droga… lo que no se puede es tener esta política incoherente, porque causa un terrible daño… Para mí es muy difícil perseguir a un pobre campesino mexicano que cultiva mariguana, cuando al norte de la frontera se cosecha legalmente en cantidades industriales… cómo puedo consolar a las viudas (de dos mil agentes y policías) si al mismo tiempo en las universidades de Estados Unidos los estudiantes pueden fumar la hierba sin problemas”. Bien dicho. Pero a unos les entra por un oído y les sale por el otro, aunque sepan que el que no oye consejo no llega a viejo.
La reunión era oportuna por tanto chisme, don Felipe la necesitaba y le sacó partido, aunque fue más el ruido que las nueces. De todos modos, hablando se entiende la gente.
Asesinan a siete policías ministeriales en Guasave
Saltillo vive una jornada de tensión por enfrentamientos entre sicarios y militares
Ayer por la tarde siete policías ministeriales fueron asesinados al ser agredidos con armas de fuego cuando transitaban de norte a sur sobre la carretera México 15 a la altura de la comunidad de Guayparime, municipio de Guasave, Sinaloa.
Seis de los siete ahora occisos fueron identificados como Carlos Humberto Villegas, José de Jesús Rufino Parra, Félix Ramírez Osuna, Martín Juvenal Vásquez, Óscar de Jesús García y Ernesto Félix Rubio. También murió el civil Julio César Sánchez, sobre el cual unas fuentes dijeron que iba detenido y otras que figuraba entre los agresores.
Los policías respondieron al fuego, pero fueron superados en número y armamento por los sicarios, que les dispararon cientos de balas. Tras la escaramuza hubo una persecución que se extendió hasta la zona urbana de Guasave y después un despliegue militar-policial, pero no se halló ninguna pista de los atacantes.
En la misma entidad se reportaron las muertes de tres personas más, dos de ellas presuntos gatilleros ultimados por militares durante un enfrentamiento cerca de Bateve, municipio de El Fuerte; mientras en Mazatlán desconocidos ametrallaron el restaurante El Habaleño, en el poblado de El Habal, sobre la misma carretera México 15.
Ayer también se reportaron al menos 25 ejecuciones más en otras entidades, de las cuales diez correspondieron a Chi-huahua y de ellas ocho a Ciudad Juárez, que incluyen las de cinco personas ocurridas en un terreno baldío de la colonia Barrio Alto.
La fiscalía general del estado informó que los cinco cadáveres aparecieron ayer a las 7 horas locales, y vecinos relataron que un grupo armado llegó en dos vehículos e hizo descender a los ahora occisos –entre ellos una joven de unos 20 años– para ejecutarlos de varios disparos.
Además, tres jóvenes fueron tiroteados aproximadamente a las 2 horas locales en el bar El Muro de la Plaza Nicole, ubicada en la calle Teófilo Borunda y Paseo de la Victoria, dentro de la llamada zona dorada de Ciudad Juárez y junto al consulado de Estados Unidos. Entre la víctimas dos murieron ahí mismo y una más –que se contó entre cinco heridos– expiró al recibir atención médica.
Cinco personas, tres de ellas identificadas como Alejandra Hernández, Mayté Herrera Santiago y Sanzón Castillo Galindo, fueron ejecutadas la noche del sábado en la colonia El Porvenir del municipio de Pinotepa Nacional, región de la Costa de Oaxaca, dentro de un domicilio donde también había una dotación de cocaína.
Al menos siete de los asesinatos fueron cometidos en Guerrero, cuatro de ellos en Acapulco. Otro tuvo lugar en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y uno más en Montemorelos, Nuevo León. En Santiago Ixcuintla, Nayarit, apareció el cadáver baleado de un sujeto, y en Tepic un tiroteo de bandas rivales ocurrido ayer por la tarde se extendió varias calles e incluyó la detonación de granadas que dejaron al menos seis civiles lesionados.
En Coahuila, un enfrentamiento entre militares y gatilleros hizo que Saltillo viviera nuevos momentos de zozobra tras los incidentes del viernes, que se saldaron con un civil, un policía y cinco presuntos delincuentes muertos.
Fuentes policiacas hablaron de un militar abatido y otros heridos junto a varios atacantes, pero no hubo confirmación oficial. La ciudad quedó desierta de un instante a otro cerca del mediodía, luego de que un convoy del Ejército irrumpió a la ruta recreativa dominical para luego tirotearse con los pistoleros en el parque La Cañada, donde se realizaban carreras de caballos.
A través de la red social Twitter las autoridades locales instaron a la gente a resguardase en sus domicilios, mientras ocurrían otras balaceras en la carretera antigua a Monclova, y las calzadas Antonio Narro, Antonio Cárdenas y el Periférico, así como la esquina de Urdiñola y Luis Echeverría eran bloqueadas con autobuses de pasajeros.
También las entradas y salidas de Nuevo Padilla, Tamaulipas, fueron bloqueadas por desconocidos con vehículos pesados hasta casi la medianoche del sábado, y como resultado hubo desesperación y filas vehiculares de varios kilómetros en la carretera Victoria-Matamoros.
Moral a la carta
Otto Granados
¿Qué tienen en común el músico Ramón Ayala y su grupo Los Bravos del Norte, la cantante canadiense Nelly Furtado o el famosísimo profesor de Harvard Joseph Nye Jr.? Casi nada, excepto que todos parecen tener una noción bastante extravagante de los límites morales. Veamos.
Hace algún tiempo el señor Ayala fue detenido por la policía mexicana mientras amenizaba la fiesta de unos narcos; días más tarde fue liberado, al parecer porque no se encontraron elementos para fincarle una responsabilidad penal. Su caso, desde luego, no es único porque la colindancia personal de los delincuentes con artistas, curas o autoridades es frecuente y casi nunca desemboca en un juicio.
Pero el problema que esa colindancia ejemplifica no es tan sólo de carácter legal, sino que su aspecto más importante suele ser de naturaleza moral y es aquí donde empiezan los problemas realmente corrosivos.
Esta semana, por ejemplo, la prensa canadiense se encargó de triturar a la señora Furtado porque al saberse que había actuado en 2007 para la familia Khadafi —igual que lo hicieron Mariah Carey, Beyoncé, Usher, Lionel Ritichie y Jay-Z en diversas ocasiones— anunció que donaría el pago recibido, de un millón de dólares, aunque no dio los detalles. Los demás no han dicho pío… todavía.
Mucho más grave aún, por el ascendiente intelectual que se supone tienen, ha sido saber que gracias a que Khadafi contrató, por 3 millones de dólares anuales, a Monitor Group, una de las grandes firmas globales de consultoría, para pulir su imagen, la compañía se encargó de organizar acercamientos sofisticados entre el dictador y académicos prominentes.
Arregló una visita a Libia de Joseph Nye, un destacado profesor de Harvard, que luego publicó un artículo digamos amable sobre lo que dice haber visto.
Benjamin Barber, de la universidad de Rutgers e influyente autor sobre cuestiones democráticas, no sólo participó en una fundación de uno de los hijos del dictador, sino que además escribió que Libia “podría ser el primer Estado árabe en transitar pacíficamente y sin intervención occidental, en un gobierno estable y no autocrático”.
Y el profesor Anthony Giddens, el popular autor de la fallida “tercera vía” y ex director de la London School of Economics, hizo dos giras pagadas a Libia, de donde concluyó: “si bien es un Estado de partido único, Libia no es especialmente represivo”.
La pregunta más obvia es intentar desentrañar exactamente en qué mundo estamos, pero si somos menos pretenciosos hay en todo este episodio el olorcillo de una profunda descomposición de las fronteras morales con las que muchos actores públicos —y los artistas, académicos, intelectuales o periodistas lo son— se conducen en sus relaciones con el poder en sus distintas variantes.
Guardadas las circunstancias, ésta es una de esas historias, la de los vínculos obscuros entre personajes aparentemente respetables como los intelectuales o los académicos con los políticos, empresarios y delincuentes poderosos, que aún está por documentarse y escribirse en México.
Romper inercia
Romper inercia
México es un país que se mueve inercialmente desde hace muchos años. La falta de un acuerdo político que establezca las bases generales de un proyecto común de desarrollo económico ha llevado a los distintos gobiernos y grupos de poder económico a buscar sobrevivir y aprovechar los errores de los competidores para obtener mejores posiciones en un país que se mueve lentamente.
El sistema de privilegios heredado del régimen de la Revolución Mexicana, sigue siendo un obstáculo real para el avance del país. Desde el duopolio televisivo y la limitada competencia en televisión restringida, pasando por el cerrado mercado telefónico y de internet, hasta llegar a los sindicatos de Estado que siguen viviendo a expensas del erario público, todos y cada uno de estos grupos de poder quieren mantener sus privilegios proteccionistas, pero al mismo tiempo entrar en el mercado del otro privilegiado.
De esta manera, Televisa intenta encontrar la fórmula para ampliar su mercado en la telefonía y sus diferentes variables, impidiendo en forma simultánea la entrada de Telmex en el espacio televisivo. Lo mismo hace Telmex en su intento por mantener tarifas de interconexión acordes a su interés empresarial, pero demandando su derecho a participar en una eventual tercera cadena de televisión abierta.
Esto se reproduce una y otra vez en distintos espacios y con diferentes grupos de poder. Ni la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ni la de Competencia Económica, han tenido la fuerza legal y política para actuar como instancia de un Estado que vela por el interés general, y negocia un acuerdo con los particulares.
Es esta situación muy parecida a la que se vive en el Congreso, en donde el principio de negociación, que implica el ceder algo a cambio de obtener determinado beneficio, no opera por la falta de madurez de una clase política miope interesada únicamente en el ejercicio del poder temporal, y celosa de sus fichas para las elecciones siguientes.
Este nivel de parálisis ha provocado ya la pérdida significativa de competitividad del país a nivel internacional.
La inercia positiva que resuelve problemas de coyuntura, porque hasta ahora la oposición priísta y perredista se ha comportando responsablemente cuando se trata de eventos urgentes o sin costo político alguno, no es suficiente para impulsar un modelo abierto y de alta competencia que transformaría de tajo la estructura económica del país.
Lo mismo sucede en la relación con los sindicatos de Estado, principalmente en el terreno de la educación y en Pemex. En ambos casos se trata de una estructura arcaica y corporativa que no permite modificaciones de fondo que cambiarían la forma de enfrentar su realidad particular.
En el ámbito de la educación hablamos de cientos de miles de maestros que no enseñan, porque no lo saben hacer, o porque su “plaza definitiva” los coloca en la comodidad de no tener que responder frente a los pobres resultados ofrecidos.
Con respecto a Pemex el asunto se refiere tanto a la opacidad en el manejo de los recursos por parte del sindicato, como al hecho de que a nivel internacional, empresas petroleras obtienen iguales o mejores resultados, con menos trabajadores cuyos sueldos son mayores a los que se pagan en México precisamente por su alto nivel de eficiencia.
Romper las inercias monopólicas para hacer crecer al país y sacar a millones de mexicanos de la pobreza es un problema de voluntad política y de correr los riesgos inherentes al pago de altos costos derivados de la negativa de estos actores a perder sus privilegios heredados del pasado.
Mantener la inercia nos llevará necesariamente a ahondar el atraso en que vivimos, agudizando los problemas sociales y enfrentando crisis cada vez más difíciles y costosas de resolver.
Si este gobierno no quiere o no puede ser el árbitro que dicte las nuevas reglas de convivencia económica, entonces habrá que esperar que en el 2012 la nueva administración tome este tema como prioridad nacional.
Manifiesto filoneísta
Agustín Basave
México está mal. Siempre lo ha estado: antes de la ola de violencia e inseguridad que hoy sufrimos, los mexicanos hemos padecido, una tras otra, crisis económicas y políticas y sociales. De hecho, nuestra historia es una sucesión de crisis.
Hemos tenido algunos buenos momentos, pero siempre hemos estado a la zaga de los países avanzados, imitándolos como si fueran espejo y no ventana. Nuestra nación ha estado marcada, desde sus orígenes, por la corrupción y la desigualdad, y con ellas a cuestas nos hemos quedado atrapados en el subdesarrollo.
El origen de ese rezago ancestral es una identidad fracturada, que nos viene de la Conquista. El choque de civilizaciones generó un complejo de impertinencia: desterró a los indios, descastó a los mestizos y desarraigó a los criollos de modo tal que fueron muy pocos los que asumieron que este país les pertenecía y menos aún quienes sintieron que pertenecían a este país.
Esa sensación inconsciente se mantiene viva porque prevalece entre nosotros una correlación entre raza y clase que nos parte en dos:
Un México minoritario, preponderantemente blanco, con recursos para acceder a los beneficios de la globalización, y un México mayoritario, predominantemente moreno, hundido en el atraso y la marginación.
Paradójicamente, lo único que los une es esa fractura identitaria que provoca actitudes esquizofrénicas y disfuncionales.
La culpa de tener un país rico con tantos pobres es nuestra. Aceptemos la realidad aunque nos duela:
Somos los mexicanos los que hemos corrompido a México y nos hemos corrompido a nosotros mismos con un comportamiento contradictorio e irresponsable.
Desde la Colonia adquirimos la manía de poner la ley muy lejos de la realidad y violarla se volvió una inercia cultural. “Acátese pero no se cumpla”, decían las autoridades novohispanas frente a las disposiciones que llegaban de la Corona.
Inventamos códigos de reglas no escritas, ésos sí funcionales, y dejamos la norma explícita como espada de Damocles sobre aquellos que desafíen la norma implícita. Creamos las condiciones para que sea más barato, más rápido, más práctico y conveniente evadir la ley que obedecerla.
Mientras no modifiquemos esos incentivos perversos, la honestidad sólo podrá florecer reemplazando a los ciudadanos con apóstoles. El diseño legal e institucional en este país hace racional que el mexicano se corrompa. Y no nos hemos dado cuenta de que la suma de racionalidades individuales da como resultado una irracionalidad social.
La solución debe ir a la raíz del problema: nuestro sistema jurídico y nuestra educación cívica. Nuestros males son sumamente graves y ya no debemos conformarnos con parches o cambios menores ni escandalizarnos ante transformaciones radicales.
A quienes piensan que no hay que cambiar la ley sino aplicarla vale recordarles que nuestras normas no están hechas para aplicarse y por eso nos hemos acostumbrado a que no se apliquen. Nosotros somos el problema y la solución.
Por eso este manifiesto llama a organizar un movimiento ciudadano en las redes sociales, en la inteligencia de que los partidos ignoran los reclamos de la sociedad cuando no pagan un costo por ello y de que si este movimiento crece encontrará sus cauces políticos para lograr dos grandes objetivos:
1) Un nuevo acuerdo en lo fundamental:
Elaborar una Constitución realista, concisa, de largo aliento, la primera en nuestra historia que no sea producto de un triunfo militar sino de un pacto nacional, una que no constituya un anhelo a futuro sino la guía cotidiana de nuestro comportamiento presente y que descargue su lastre programático y coyuntural en leyes constitucionales; revisar sistémicamente leyes secundarias y reglamentos para simplificarlas y desburocratizarlos y minimizar así el margen de corruptelas.
2) La refundación de nuestra educación formal e informal: entre otras cosas, digerir nuestra historia, cifrar nuestra identidad, trocar valemadrismo en perfeccionismo, vincular ética con éxito y desterrar de nuestra mente la premisa de que “el que no transa no avanza” y que “el gandaya no batalla”.
Hay muchas cosas más por hacer para fortalecer nuestro Estado de derecho, combatir el crimen organizado, impulsar nuestra economía y forjar una sociedad más justa, pero si no empezamos por abatir la corrupción todo lo demás será inútil.
El renacimiento de nuestra nación empezará cuando se premie la honestidad y la legalidad, se castigue la transa y el gandayismo y se erradique la impunidad.
Nuestra nueva Constitución podría, además, dotarnos de candidaturas independientes, reelección legislativa inmediata, plebiscito, referéndum e iniciativa ciudadana para poner a los partidos al servicio de la sociedad, y ofrecernos un régimen parlamentario ad hoc que garantice la gobernabilidad y la aprobación de las reformas estructurales.
Si pensamos en grande y lanzamos una cruzada por el filoneísmo, es decir, por la creatividad y la originalidad necesarias para idear un nuevo proyecto de nación y una misión civilizatoria, los mexicanos engrandeceremos a México y lo convertiremos al fin en nuestra casa común, con un piso de bienestar que detenga la caída de los débiles, un techo de legalidad que impida la fuga de los poderosos y cuatro paredes de cohesión social que nos permitan a todos convivir con bienestar y dignidad.
De las finanzas a Los Pinos
Por Gabriel Zaid
El primer secretario de Hacienda que soñó ser presidente (contra la tradición de que lo fuera el de Gobernación) provocó un desastre. Desde Gobernación, Luis Echeverría vio con malos ojos el "desarrollo estabilizador" con el que se adornaba Antonio Ortiz Mena, y le creó al presidente Díaz Ordaz un problema tal (la matanza de Tlatelolco) que sólo el secretario de Gobernación podía quedar como sucesor. De remate, llegando a la presidencia, se lanzó a destruir la estabilidad y el "desarrollismo".
Nombró secretario de Hacienda a José López Portillo, que soñó ser presidente, pero declaró que (dadas las oportunidades políticas del que tiene las llaves del gasto público) ningún secretario de Hacienda debería llegar a la presidencia. Cuando llegó, aceleró el desarrollo desestabilizador. Decretó una cuadruplicación de las tasas de interés para las pequeñas cuentas de ahorros (que desaparecieron), un aumento de hasta 30% a los salarios (que se esfumó con la inflación que produjo) y un aumento a los precios internacionales del petróleo (que nadie compró). Quijotescamente, desafió a los molinos de viento: "Defenderé el peso como un perro" (y finalmente devaluó). Para terminar, hizo una pataleta digna de Nerón: la expropiación bancaria.
Dejó la Secretaría de Hacienda partida en dos, y de la mitad con mayores oportunidades de abuso político (la nueva Secretaría de Programación y Presupuesto) salieron los presidentes "programadores", tan ruinosos como los "populistas". Tratando de recuperar la estabilidad y el desarrollo, Miguel de la Madrid provocó la mayor inflación de la historia de México, acompañada de crecimiento nulo. Después, Carlos Salinas de Gortari reprivatizó la banca tan desastrosamente que el país sigue pagando los daños (20% del PIB). Y, en un nuevo episodio quijotesco de "defensa del peso como un perro", garantizó en dólares (que no tenía) los famosos tesobonos, para inspirar confianza en que no habría devaluación. Cuando la hubo, la deuda pública se multiplicó. Como si fuera poco, rompió la estabilidad política del sistema y provocó el regreso a los tiempos del asesinato político y los capos que andan sueltos.
Hoy, nuevamente, se atribuye al secretario de Hacienda el sueño de la presidencia. Para lamentarlo, ni siquiera hace falta recordar que esos sueños han terminado en pesadillas. Basta con señalar que el problema número uno del país hoy son los capos sueltos; que Hacienda tiene responsabilidades en eso, y que el secretario Ernesto Cordero no las toma en serio, como puede verse en su sala de prensa (www.shcp.gob.mx), donde la seguridad figura poco.
Peor aún: boletines como "No parece haber evidencia de que la inseguridad esté afectando la actividad económica de México" (17 de octubre de 2010) están redactados como si Hacienda no tuviera que ver con la inseguridad, fuera de padecer las consecuencias y financiar a los encargados del combate a los capos. Como si Hacienda no tuviera un papel decisivo en ese combate. Son, finalmente, una declaración de incompetencia: la seguridad no me compete.
Las aduanas (responsabilidad de Hacienda) y el lavado de dinero (responsabilidad de Hacienda) son de primera prioridad para los capos, no para el secretario. En el caso de las aduanas, sería mejor que pasaran a otra secretaría que las administre mejor. No todo lo que causa impuestos está administrativamente a cargo de Hacienda. La gasolina causa impuestos, pero Hacienda no está a cargo de las gasolineras. La venta de casas causa impuestos, pero Hacienda no está a cargo de las notarías.
Llama la atención que el "Acuerdo bilateral para fortalecer la seguridad y el comercio" entre México y los Estados Unidos (15 de junio de 2009) se firmó entre Agustín Carstens, entonces secretario de Hacienda, y Janet Napolitano, que es la secretaria de Seguridad Nacional, no de Hacienda, en los Estados Unidos. Es decir: entre una funcionaria dedicada a tiempo completo a la seguridad y un funcionario mexicano que tiene cosas más importantes que hacer.
El Fondo Monetario Internacional revisó los escasos resultados de México contra el lavado de dinero (Mexico; Detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism, 11 de septiembre de 2008). En diez años se obtuvieron únicamente 25 sentencias contra los delincuentes. Peor aún: de las averiguaciones iniciadas en 2004-2007, sólo 149 llegaron a tribunales; de las cuales sólo dos se originaron por investigaciones de Hacienda.
Hacienda preparó una iniciativa de ley contra el lavado de dinero que el presidente Calderón envió a las cámaras en agosto de 2010. Dos meses después, el senador Santiago Creel preparó otra. Esto fue visto como rivalidad entre presidenciables. Pero lo peor no es eso, sino que, en una tradición lamentable, proponer cambios a la ley es una forma de lavarse las manos. Es como decir: no puedo hacer nada con la ley como está.
Las leyes y reformas están mal, y lo seguirán estando; pero obligan. No cabe sujetar el cumplimiento a que vengan leyes mejores, o tiempos mejores, o un puesto mejor.
La “guerra del narco”
La “guerra del narco”: estrategia decidida en el Pentágono
Desde la década de los ochenta, el gobierno estadunidense se decidió por una política enfocada a combatir con las armas el tráfico ilegal de drogas. Esa estrategia se exportó al mundo, con graves resultados para países como México y Colombia.
La guerra en contra del narcotráfico emprendida por el gobierno de Felipe Calderón ha dejado un saldo de muertes y violencia, y un clima de terror en ciudades como Juárez, Nuevo Laredo y Monterrey. Pero la estrategia de la “guerra contra las drogas” proviene de más allá de nuestra frontera, y data de 1986, cuando Ronald Reagan advirtió que las drogas ilegales eran una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Como resultado de la definición de este nuevo frente de guerra, desde finales de la década de los ochenta la ayuda militar, policial y de logística que el gobierno de Estados Unidos proporciona a México ha ido en aumento.
En México, la intervención de las Fuerzas Armadas en las instancias de decisión para realizar operativos y acciones frente al narcotráfico comenzó de lleno cuando, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se incluyó en el grupo coordinador ejecutivo del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD) a representantes de las secretarías de Defensa y Marina. En el gobierno de Ernesto Zedillo, la punta de lanza de la incorporación de militares en el frente de la lucha contra el narcotráfico fue el Plan Piloto Chihuahua, instaurado durante el primer año de gobierno, que estableció la política seguida hasta ahora al reemplazar a 120 policías judiciales asignados a la delegación de la Procuraduría General de la República en Chihuahua, por integrantes del Ejército Mexicano, además se creó el Consejo Nacional de Seguridad Pública, lo que permitió la plena injerencia de aquellas secretarías en la toma de decisiones y la elaboración de políticas en materia de seguridad nacional, en las que se incluían las acciones en contra del narcotráfico.
Datos sobre el número de integrantes del Ejército Mexicano capacitados en Estados Unidos confirman la principal línea de la estrategia trasnacional seguida en México y América Latina para enfrentar al tráfico de estupefacientes: la militarización. Vale citar el libro editado por Coletta A. Youngers y Eileen Rosin Drogas y democracia en América Latina. El impacto de la política de Estados Unidos (Buenos Aires, Biblos, 2005): “Entre 1981 y 1995 México envió un total de mil 488 efectivos a las academias militaresde Estados Unidos. En 1997 y nuevamente en 1998 se capacitó en ese país a más de mil integrantes del programa Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), superando en dos años la cantidad de soldados que habían sido entrenados en los 15 años anteriores”.
A la caída del priismo, el gobierno de Vicente Fox no sólo mantuvo la política de incorporar a las Fuerzas Armadas en operativos antidrogas, sino que aumentó la presencia militar en las policías federales, por lo que nombró al general Rafael Macedo de la Concha como titular de la Procuraduría General de la República (PGR). La cereza en el pastel vino cuando, al inicio de su gestión, Felipe Calderón intensificó la política de la “guerra contra las drogas”, para la cual la estrategia básica de todas las acciones libradas hasta hoy es la recuperación de territorios dominados por el narcotráfico, tanto urbanos como rurales, en un intento por desarticular a las organizaciones criminales, además de disminuir y evitar el creciente consumo de drogas. Pocas semanas después de iniciado su gobierno, Calderón apareció con camisola y gorra militar en Michoacán al inicio de los llamados operativos conjuntos, en una estrategia que pasa por el despliegue de decenas de miles de soldados en las calles, y en la captura o muerte de líderes de las organizaciones criminales. Hasta ahora el saldo es de más de 30 mil muertes durante este gobierno federal, según informó la PGR en diciembre del años pasado.
PÉRDIDA DE CONTROL TERRITORIAL
Tres años después de que el presidente Calderón declarara la guerra en contra del narcotráfico, la realidad se impone. Durante el foro Diálogo por la Seguridad, celebrado a instancias presidenciales en agosto de 2010, Guillermo Váldés, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), afirmó: “Hemos avanzado en el despliegue de fuerzas, en el entorpecimiento de la capacidad de operación del crimen organizado, como en el proceso de recuperación y fortalecimiento de policías; pero en el objetivo de recuperar las condiciones de convivencia y regiones afectadas por la delincuencia no hemos logrado el propósito, tenemos una violencia creciente”.
Además de las miles de vidas truncadas en estos tres años, la violencia ha deteriorado irremediablemente el tejido social de muchas ciudades. La crisis de seguridad pública afecta a cientos de miles de mexicanos víctimas del crimen organizado, quienes saben que pueden ser cotidianamente objeto de extorsión o de secuestro, sufrir un narcobloqueo, morir en un fuego cruzado o ser confundidos con sicarios. La afectación a los derechos humanos es recurrente y se suma a los daños colaterales de la guerra contra el narco.
Jorge Tello Peón, ex secretario ejecutivo del Consejo de Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo “La seguridad pública. Síntesis social”, incluido en el Atlas de la seguridad y la defensa de México 2009, publicado por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, reconoció la dimensión del problema al escribir: “Por primera vez en muchos años se ha perdido control territorial por parte de las estructuras institucionales y, lo que tal vez sea peor, se han perdido también estructuras históricas (...) queda claro que si seguimos haciendo las cosas en formas y maneras que hasta ahora nos han dado resultados insuficientes, por más que invirtamos en ese camino, no tendremos dividendos”.
De acuerdo al investigador Edgardo Buscaglia, especialista en temas de narcotráfico y violencia social, en 63 por ciento de los municipios del país existe una estructura criminal capaz de controlar los negocios del crimen organizado: el narcomenudeo, el cultivo y el tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión, y es capaz de confrontar al Estado de Derecho y los gobiernos locales, estatales y federal. Tres años después de haber iniciado la guerra del narco, los territorios donde el crimen organizado ha establecido formas de control o donde las bandas se disputan plazas o rutas, lejos de ser recuperados, se encuentran sometidos a la violencia igual o más que antes: la militarización no ha logrado, porque no ha sido su objetivo, eliminar el principal resguardo del crimen organizado: la corrupción, la que se muestra rampante a través de cercos de protección policiaca y política.
Otro de los saldos dejados por la estrategia de la guerra contra las drogas iniciada más allá de nuestras fronteras es la formación de grupos paramilitares de alto entrenamiento al servicio de los cárteles del narcotráfico: Los Zetas, en su primera época brazo armado del cártel del Golfo, y quienes provenían del GAFE, integrantes del Ejército Mexicano entrenados en Estados Unidos.
Otros centros de reclutamiento especializado surgieron en la década de los noventa, cuando por ejemplo los Arellano Félix reclutaron pandilleros del barrio Logan, de San Diego, y de la M Mexicana para formar su propio grupo de protección y asalto. En cuanto al cártel de Sinaloa y a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, desertores del Ejército guatemalteco, veteranos kaibiles y ex Maras pudieron integrarse hace años a las filas de sus grupos de sicarios. Los pandilleros de Ciudad Juárez, vinculados tanto a Los Aztecas como a su grupo rival, Los Artistas Asesinos, han sido llamados para la guerra que desde hace años libran el cártel de Juárez y el de Sinaloa. Hay información de que La Familia Michoacana encuentra quien quiera jalar sus gatillos en los centros de rehabilitación para adictos, y no son pocos los casos de sicarios con placa, como los más recientes casos de ex presidentes municipales y ex secretarios de Seguridad Pública coludidos con secuestradores en la región de Tlalmanalco, Estado de México, donde ex policías o policías en activo trabajan para distintas organizaciones del narcotráfico.
UN EJÉRCITO CUESTIONADO
Para mantener la estrategia de la guerra contra el narcotráfico hacen falta recursos. A la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con información divulgada por diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) recientemente, se le asignó 40 por ciento del presupuesto para seguridad de que dispone el gobierno federal. De un total estimado de 112 mil millones de pesos, el Ejército Mexicano ejerce 43 mil 622 millones. A lo largo de este gobierno, los recursos destinados para la Sedena se han incrementado en más de 60 por ciento. Al inicio de la “guerra contra el narco”, en 2006, el presupuesto de esa secretaría era de 26 mil millones de pesos. Asimismo, de acuerdo a información pública, 45 mil militares combaten el narcotráfico. En el último año el Ejército sufrió 44 bajas.
Pero la participación del Ejército en labores de seguridad pública —su acción en el frente de la guerra contra el narco, su intervención en operativos y la vigilancia en las ciudades del país— ha sido muy cuestionada. Las denuncias por abusos por parte de militares se han multiplicado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El presidente de la institución, Raúl Plascencia Villanueva, entrevistado a propósito de este tema, afirmó: “Se han quintuplicado las quejas en los últimos cuatro años en contra de las Fuerzas Armadas, e inclusive se ha generado el mayor número de recomendaciones en la historia de esta institución, las que suman 30 sólo durante el año de 2009. Pero, más aún, el mayor número también en contra de cualquier otra autoridad en la historia de la CNDH”.
ATAQUE A LA FUENTE DE LA DROGA
La pregunta es a quién ha beneficiado la guerra contra las drogas, emprendida desde la década de los ochenta por distintos gobiernos de Estados Unidos más allá de sus fronteras, con repercusiones bien conocidas en México. Sin duda, al crecimiento de la economía del narcotráfico, un gran negocio de 25 mil millones de dólares anuales que los narcotraficantes mexicanos perciben gracias al mercado estadunidense. También ha beneficiado a quienes enfrentan a los narcotraficantes, es decir a agencias como la Drug Enforcement Administration (DEA) o el Federal Bureau of Investigation (FBI) —cuyos presupuestos están garantizados mientras la guerra continúe—, y también, sin duda, a la industria del armamento y los traficantes de armas.
Por otro lado, quienes han sufrido los mayores perjuicios, los afectados en la “guerra contra las drogas” emprendida por el gobierno estadunidense más allá de sus fronteras, son países como México y Colombia, donde la violencia del narco ha significado a lo largo del tiempo la pérdida de territorios frente al crimen organizado, ingobernabilidad, degradación social y grupos paramilitares. A todo ello hay que sumarle la corrupción en detrimento de las débiles instituciones de países que aspiran a la democracia.
Esa guerra, establecida oficialmente como una política de Estado en 1989 por el presidente George Bush padre, parece ceder terreno en el futuro próximo debido a la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2010, dada a conocer públicamente por el presidente Barack Obama en mayo de ese año. Hoy, hacia el interior de Estados Unidos el consumo de drogas se reconoce como un problema social y de salud pública, y para enfrentarlo son elementos fundamentales la prevención y la información. Pero la estrategia al exterior es muy diferente. Como ocurrió desde la época de Reagan, la droga se percibe en tiempos de Obama como una amenaza que ingresa desde fuera a su país. Una amenaza a la que hay que atacar: “Aplicar la estrategia contra los estupefacientes en la frontera sudoccidental (...) para contrarrestar la grave amenaza fronteriza de la droga (...) Efectuar operaciones contra la droga por parte de las fuerzas del orden público conjuntamente con nuestros aliados del exterior, con el fin de causar interrupciones muy importantes en el flujo de drogas, dinero y productos químicos (...) Intensificar la lucha internacional contra la droga, especialmente en las Américas”.
Así, independientemente del matiz de sus diferentes gobiernos, la política de la “guerra contra las drogas” ha sido una estrategia mantenida casi inalterada por Estados Unidos desde los años ochenta. Por ejemplo, en el “Informe sobre la estrategia internacional de narcóticos”, elaborado por el Departamento de Estado en 2003, se señala: “Cuanto más certero sea nuestro ataque a la fuente, mayor será la posibilidad de detener el flujo de narcóticos”.
Más allá de los muertos, esta estrategia persiste.
El 18 de marzo del año pasado, Víctor Renuart, ex jefe del Comando Norte de Estados Unidos, compareció en Washington ante el Comité de Fuerzas Armadas de la Cámara Baja. El general afirmó que la “guerra contra el narcotráfico” continuará por ocho o 10 años más. Señaló que existen planes de contingencia si la violencia traspasa la frontera sur de su país. Renuart resumió la postura oficial que anima esa guerra al decir: “Necesitamos continuar demostrando a los mexicanos que somos parte de su equipo, que apoyamos sus esfuerzos y que continuaremos asistiéndolos, sea en equipo o capacitación, o en muchos casos al permitir que aprendan las lecciones de nuestros esfuerzos integrados en otras partes del mundo (...) He estado trabajando muy agresivamente con los militares mexicanos y la policía federal para ayudarlos”.
Los secretos de El Piolín
Los secretos de El Piolín
La rápida detención del presunto homicida del agente estadunidense Jaime Zapata parece responder a los arrestos de narcotraficantes en ciudades de Estados Unidos, pero aún hay muchas preguntas sin respuesta.
¿Dónde fue detenido Julián Zapata Espinoza, jefe de una célula de Los Zetas y presunto homicida de Jaime Zapata, agente especial de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), asesinado en un incidente no del todo aclarado y en el cual también resultó herido su acompañante, el agente Víctor Ávila? ¿Dónde se realizaron las cuatro “operaciones de precisión” que llevaron a su captura? ¿De dónde procedió la información para la muy eficaz actuación de las autoridades mexicanas? ¿Cuál fue la causa de la anterior liberación de este personaje, al que el Ejército detuvo en diciembre de 2009 con armamento, uniformes falsos de la Policía Federal y de la Agencia Federal de Investigación (AFI), equipos de radiocomunicación y claras evidencias de su peligrosidad y pertenencia al crimen organizado?
Las respuestas a estas preguntas pasan por la impunidad que prevalece cuando los jueces limitan su actuación en casos peligrosos, y por la corrupción existente al “armar” una averiguación previa por parte de agentes del Ministerio Público aterrados por el poder de los criminales si no coludidos con ellos.
ARRAIGO MUY CONVENIENTE
El asunto es que el 11 de diciembre de 2009, el mismo Julián Zapata, El Piolín, fue presentado con un grupo de sus presuntos cómplices a los medios de comunicación luego de su captura. Armas largas y cortas, cartuchos de diferentes calibres, automóviles blindados... un típico grupo de sicarios que operaba en San Luis Potosí. Zapata fue consignado cuatro días después por cinco delitos, de los cuales y a pesar de las evidencias, sólo dos fueron considerados graves: delincuencia organizada y contrabando. Se le dictó auto de formal prisión bajo el cargo de posesión de cartuchos, portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y uso de insignias policiales. Todos, ante nuestras leyes, delitos menores. Así, el nueve de marzo de 2010 se decretó la libertad de Julián Zapata. De acuerdo al fallo del juez Juan de Dios Monreal Cuéllar, juez cuarto de Distrito de Procesos Penales en San Luis Potosí, la Procuraduría General de la República (PGR) no acreditó los elementos del cuerpo del delito en cuanto a los delitos de delincuencia organizada y contrabando. La libertad bajo fianza de El Piolín pudo ser resultado de la habilidad de sus abogados, pero también de que la averiguación previa fuera integrada de manera equívoca, abriendo posibles resquicios que al final pudieron haber sido usados para lograr la liberación de un cliente “pesado” —como se dice.
De acuerdo con la versión de las autoridades, en ésta, su segunda aprehensión casi un año después de su liberación, El Piolín fue quien decidió cometer el crimen y quien se supone confundió a los agentes de la ICE, a pesar de que viajaban en una camioneta blindada y con placas diplomáticas, con los posibles integrantes de una banda enemiga. Cuando el homicidio del agente estadunidense Jaime Zapata fue cometido, El Piolín había dejado de asistir a firmar el libro de procesados en libertad, por lo que, según un informe difundido por el Consejo de la Judicatura Federal, Juan de Dios Monreal Cuéllar, juez cuarto de Distrito de San Luis Potosí, había revocado su libertad el pasado 18 de enero y ordenado su reaprehensión apenas un mes antes del homicidio del agente de ICE.
Esto hace que en el caso haya otra singularidad jurídica: luego de ser detenido por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la PGR decidió arraigar a Julián Zapata Espinoza, a pesar de que, de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP), debió ser puesto a disposición del juez Monreal Cuéllar por la orden previa de captura. La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) informó que obtuvo la medida cautelar de arraigo en contra de Julián Zapata gracias al requerimiento presentado al juez de distrito especializado; un arraigo muy conveniente para las autoridades, bajo el que El Piolín permanecerá por lo menos 40 días.
Sobre las razones por las que la PGR optó por el arraigo y no por la presentación al juez, como correspondía según el CFPP, existen muchos rumores en los corrillos de los juzgados en San Luis Potosí. Uno, incluso publicado en algunos medios, refiere que la razón por la que El Piolín fue arraigado responde a la necesidad de llevar hasta las últimas consecuencias el caso y de detener a todos los involucrados en el homicidio del agente Jaime Zapata antes que cualquier cosa: en el arraigo se puede pactar con los presuntos culpables de delitos vinculados con la delincuencia organizada, obtener información y llegar incluso a convertirlos en “testigos protegidos”.
Por lo pronto, Sergio Mora, conocido como El Toto y señalado como el jefe de la célula de Los Zetas en la que estaba Julián Zapata, fue detenido en Saltillo, Coahuila. Se informó que este hombre fue quien ordenó que se realizara el homicidio del estadunidense Jaime Zapata, lo que levanta serias dudas: ¿fue entonces una ejecución planeada o, como indicaron las autoridades cuando la captura de El Piolín, el resultado de una confusión, un singular accidente en el que participó un comando de hombres armados en una zona de San Luis Potosí donde los enfrentamientos entre Los Zetas y el cártel del Golfo dejaron el año pasado un saldo de 130 homicidios?
El Toto, fue detenido en Coahuila, como presunto involucrado en el homicidio del agente estadunidense Jaime Zapata." title="Foto: Mónica González"> AGITAR EL ÁRBOL PARA VER QUÉ CAE
Pero, ¿de dónde vino la información que permitió la pronta captura de Julián Zapata? Todo apunta a que esto pudo venir de los llamados operativos Bombardier y Héroe Caído, lanzados en Estados Unidos en contra de presuntos narcotraficantes de origen mexicano y realizados a lo largo de unos cuantos días en San Diego, San Antonio, Chicago, Detroit, Atlanta, Newark, Miami y Denver por agentes de la DEA, el FBI, el ICE y las agencias de Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Drogas (ARF). El resultado de estos operativos, considerados por un alto funcionario de seguridad estadunidense como una acción similar a “agitar el árbol para ver lo que cae”, fue de 676 personas detenidas y más de 12 millones de dólares incautados, además de armas y drogas, en uno de los más severos golpes al funcionamiento de las redes de distribución y venta de drogas al menudeo dado a la organización criminal de Los Zetas en territorio estadunidense. Entre los principales objetivos de esta acción sin precedentes estuvo la captura de líderes de esa banda, uno de ellos Miguel Ángel Treviño, conocido como El Z40, a quien se atribuye el control del tráfico de drogas en la frontera de Tamaulipas con Texas.
Preguntas que el caso deja en el tintero: ¿por qué la PGR no capturó a Julián Zapata inmediatamente después de que el juez hubiera dictado su orden de reaprehensión, casi un mes antes del homicidio del agente estadunidense? ¿Por qué las autoridades de Estados Unidos no desmontaron antes de la pérdida de uno de sus agentes en México la red de operaciones de tráfico y venta de drogas vinculada con Los Zetas que, al parecer, por la rapidez y eficiencia de las capturas posteriores, tenían bien detectada en varias de sus ciudades?
De Roberto Hernández
De Roberto Hernández sobre el presunto ojete
La historia en breve
Ciro Gómez Leyva
Recibo un correo de Roberto Hernández, director y productor del documental Presunto culpable, sobre mi texto del viernes, “El presunto ojete también tiene derechos”.
Roberto reconoce mi “derecho a acercarle el micrófono a quien está en una situación vulnerable”, como Víctor Daniel Reyes, quien promovió y obtuvo la suspensión provisional para que el documental se deje de exhibir.
Resumo lo esencial del texto de Roberto: “Ciro, esto que está sucediendo es un claro intento de bajarle el switch a la película. Estamos enfrentando una amenaza de censura REAL y PALPABLE. La posibilidad de que se retire Presunto culpable de cartelera a mediados de esta semana está ahí, latiendo.
“De un plumazo dices que esto no es un acto de censura. Estás MUY EQUIVOCADO. Como periodista, pasas por alto que no es necesario el consentimiento de nadie que comparece en un juicio para videograbarlo. Un juicio penal es un espacio público. Tal cual lo es la calle. Y además, un juicio es una instancia de rendición de cuentas, y como tal, quienes a él comparecen tienen que contestar preguntas y estar presentes en la audiencia, a veces sin su consentimiento y aun en contra de su voluntad.
“Nosotros contamos con el permiso del TSJDF y la DGPRS. Es absurdo que afirmes que yo necesito el consentimiento para filmar a una persona que en un juicio a veces tiene que decir cosas que no desea.
“(…) No estamos frente a una contienda privada entre Víctor Daniel y nosotros. De hecho estamos frente a un uso manipulativo de un juicio de garantías que se está usando para CENSURAR la película. Como periodista, tienes una gran responsabilidad por no propagar la confusión.
“¿Cómo la ves?”
¿Cómo la veo? Estoy atónito. No sé que artículo leyó Roberto el viernes. Evidentemente, no el mío. Mañana daré respuesta a su infundio.
Desertaron en 10 años 1,680 soldados de élite
Desertaron en 10 años 1,680 soldados de élite
En los últimos 24 meses la cifra fue de 121, según documento obtenido por MILENIO.
La dependencia admite que carece de un programa para rastrear a evadidos.
México.- Pese a los esfuerzos por retenerlos con mejoras en sus salarios, más de mil 500 soldados de las Fuerzas Especiales del Ejército —militares cuyo entrenamiento táctico avanzado es altamente letal— están desaparecidos sin que actualmente se sepa su paradero o si se han unido a las filas del crimen organizado.
“Son desertores”, admitió la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que reportó que en los últimos dos años, en algunos momentos críticos de la guerra contra el narcotráfico, se ha perdido la pista a 121 soldados de élite.
Cifras oficiales de la dependencia detallan que en la última década, en la que se vio la irrupción a escala nacional de Los Zetas —cártel fundado en sus principios por ex militares de élite—, la sangría sufrida por las Fuerzas Especiales del Ejército no detuvo su marcha, aun cuando los salarios de la tropa se han incrementado 115 por ciento desde 2006.
Desde 2000 un total de mil 680 integrantes de los Batallones de Fuerzas Especiales y los Grupos Anfibios de Fuerzas Especiales (Ganfes) del Ejército han abandonado las filas militares y están catalogados como evadidos, de acuerdo con estadísticas de la Defensa Nacional obtenidas mediante una solicitud de transparencia hecha por MILENIO.
En promedio, la Sedena cerró la década pasada con una pérdida anual promedio de 168 comandos. La gama puede ir desde francotiradores, paracaidistas, expertos en supervivencia y analistas de inteligencia hasta soldados especializados en reacción rápida.
La Defensa Nacional reconoció que no se ha creado un programa para dar seguimiento a los desertores ni existe forma de saber adónde fueron a parar estos militares.
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¿Qué conocimientos adquirieron esos soldados evadidos? El entrenamiento de las Fuerzas Especiales mexicanas está clasificado por 12 años, decisión que fue ratificada por el Instituto Federal de Acceso a la Información.
Sin embargo, un listado de los cursos más recientes ofrecidos por el Pentágono al Ejército mexicano da una idea del perfil con el que cuentan esos militares, así como sus estudios y conocimientos.
Sólo en los últimos tres años, según los informes de Actividades Militares de Interés del Departamento de Estado de Estados Unidos para 2008, 2009 y 2010, un centenar de soldados de las Fuerzas Especiales mexicanas tomaron cursos de antiterrorismo, buceo de guerra, preparación para ranger y paracaidismo, entre otros.
En 2010, último año del que se tiene registro completo, Washington pagó estudios a 18 comandos mexicanos en la base aérea de Lackland, Texas, donde acudieron a tomar el curso Antiterrorismo nivel uno y dos.
En 2009 dos militares mexicanos identificados como integrantes de Fuerzas Especiales participaron en el entrenamiento Preranger en Fort Benning, sede del Instituto del Hemisferio Occidental para Cooperación de Seguridad, escuela en la que Estados Unidos entrena a personal castrense de toda América Latina.
Considerado uno de los más complicados y difíciles de aprobar, el curso de aspirante a ranger incluye un riguroso entrenamiento militar en condiciones desérticas, alpinas, selváticas y urbanas. Concluye con un simulacro bélico en el que los soldados son enviados a campo durante cuatro días a participar en juegos de guerra.
Otros dos militares viajaron al Centro Especial de Guerra John F. Kennedy y 11 más acudieron del 8 al 14 de agosto de ese año a la Universidad de Operaciones de Fuerzas Especiales, en Hulburt Field, Florida, sede del Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea y la primer Ala de Operaciones Especiales. Tomaron cursos con la Fuerza Delta y los Seals de la Marina estadunidense.
El Departamento de Estado reportó también cursos para fuerzas especiales en territorio mexicano, como el ofrecido en 2009 por el Comando del Norte a 53 militares vía programa de entrenamiento móvil designado SOT (siglas que se refieren a Special Operations Training o Entrenamiento de Fuerzas Especiales).
Tres soldados mexicanos fueron enviados durante el verano de ese año a la Escuela de Infantería de los Rangers, ubicada en Fort Benning, Georgia, dependiente del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Permanecieron ahí tres meses a un costo de 30 mil dólares.
El listado incluye a nueve soldados que recibieron el curso denominado Equipos de reacción rápida, del 7 de julio al 26 de agosto, en la base aérea de Lackland; ahí se capacitaron en tácticas de respuesta a francotiradores, operaciones antiterroristas y protección de personas VIP.
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Reflejo del cada vez más intenso uso de unidades de Fuerzas Especiales en operaciones contra el narcotráfico, la cifra de bajas de comandos también ascendió, según se lee en la respuesta a la solicitud 700179710 hecha por este diario, en la que se detalla que 2010 fue el año más letal en la historia de los Batallones de Fuerzas Especiales y los Ganfes.
Un total de 10 elementos perdieron la vida en operaciones de alto impacto realizadas el año pasado, en el que pelotones de Fuerzas Especiales participaron en distintos operativos en busca de capos, como la caída de Ignacio Nacho Coronel, copado y abatido en Jalisco en julio del año pasado.
En ese operativo falleció un militar y otro resultó herido, cuando Coronel se resistió al arresto. En total, desde 2000 han fallecido 43 soldados de Fuerzas Especiales, tres más fueron heridos de gravedad y tuvieron que retirarse. Otros 312 han solicitado su retiro voluntario.
De las cifras se desprende un dato que apunta a que pocos elementos de las Fuerzas Especiales terminan su encargo de forma natural: en una década sólo dos se retiraron tras alcanzar la edad máxima permitida para formar parte de los cuerpos de élite del Ejército mexicano.
- Claves
Decomisos
• Elementos de Marina hallaron, en acciones distintas en Tamaulipas, dos vehículos en cuyo interior localizaron armamento y drogas, sin que hubiera personas detenidas.
• La dependencia informó que el pasado 3 de marzo personal naval que realizaba un recorrido terrestre halló un vehículo abandonado en el poblado de San Fernando.
• Los marinos encontraron en su interior 24 cartuchos, un cargador y tres equipos de comunicación. En tanto, en un inmueble de Tampico se encontró otro vehículo con 11 bolsitas con mariguana y cocaína.
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